La decisión de garantizar el abastecimiento interno es el principal argumento esgrimido por las autoridades nacionales y dirigentes del sector privado que avalan la medida tomada la semana pasada por el Ministerio de Agricultura de suspender el registro de exportaciones de maíz de la campaña 2019-2020.
El objetivo es priorizar la provisión del mercado interno ante las complicaciones que desde determinados sectores productivos -en especial los relacionados con la producción de carne aviar, porcina y vacuna- para obtener materia prima para alimentar a sus animales a pesar de la cosecha récord alcanzada la campaña pasada.
Argentina es un gran exportador mundial del cereal, pero también posee un alto consumo interno, que en su gran mayoría es dedicado a la alimentación animal.
Según un informe la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la producción de maíz fue de 51,5 millones de toneladas en la campaña 2019/20. De ese total, más de 38 millones de toneladas fueron consideradas como saldo exportable, mientras que el remanente tuvo como principal destino a los corrales de engorde o feedlots, tambos de producción lechera, granjas de cerdos y criaderos avícolas.
Sin embargo, desde hace varios meses varios sectores de la producción salieron a advertir que, a pesar del volumen récord de producción, enfrentaban complicaciones para poder adquirir el maíz destinado a alimentar sus animales.
En diálogo con Télam la semana pasada, horas después de que el Gobierno anunciara la suspensión temporal del registro de exportaciones, el presidente de la Cámara de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), Roberto Domenech, sostuvo que “no es mucho el maíz que queda y son muchos los sectores que venimos con muchas dificultades para conseguirlo, ya desde hace 90 días”.
El dirigente empresario avícola dijo que las complicaciones que tuvieron en los últimos meses para conseguir maíz impactaron en el alimento balanceado que consumen los pollos.
En este sentido, comentó que la fórmula debería estar compuesta con 63% de maíz, pero por la falta de oferta, algunas empresas están trabajando con una participación del 40% al 45%.
“En el mercado en la actualidad hay tres posiciones, cuando normalmente, siempre había dos: el productor ponía el maíz y nos peleábamos entre la exportación y el mercado interno para hacernos del producto. En este momento es de tres patas: el mercado interno, la exportación y el productor, que quiere tenerlo él. Creo que esta medida hace que la exportación de alguna manera descomprima la demanda”, concluyó.
Es por esto, sumado a otras complicaciones, como la fuerte suba de los últimos meses del maíz hasta los $16.000 a $17.000 la tonelada, que el Gobierno decidió preservar poco más de 4 millones de toneladas para consumo interno hasta que comience a ingresar la nueva cosecha en marzo.
En un comunicado, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, precisó que hasta el momento se autorizó la exportación de 34,23 millones de toneladas de maíz de la campaña 2019/20, sobre un total teórico exportable de 38,50 millones de toneladas, es decir que se ha cumplido con el 89% del mismo.
“El objetivo de la medida es que las 4,27 millones de toneladas restantes queden disponibles para el consumo interno, con el objeto de asegurar el abastecimiento durante los meses del verano, cuando la oferta de cereal tiende a escasear”, sostuvo el Ministerio de Agricultura.
Si bien la medida fue apoyada por algunas empresas o cámaras del sector cárnico, el grueso la rechazó, lo que generó la protesta y finalmente la decisión de cese de comercialización de granos tomada esta tarde por tres entidades que conforman la Mesa de Enlace -CRA, Sociedad Rural y Federación Agraria-.
ARGUMENTO DEL CAMPO
Confederaciones Rurales (CRA), Federación Agraria (FAA) y la Sociedad Rural (SRA) decidieron convocar a un cese de comercialización de granos entre el lunes y el miércoles de la próxima semana, en rechazo al cierre temporal del registro de exportaciones de maíz dispuesto por el Gobierno.
La medida de fuerza fue comunicada por las entidades en un escueto comunicado difundido esta tarde tras 2 horas de reunión virtual, en la cual también se dio a conocer que Coninagro decidió no adherir a la medida.
Así, las tres entidades concretarán un cese en la comercialización de granos desde la 0 del lunes próximo hasta las 24 del miércoles siguiente, al mismo tiempo que aclararon que no habrá control de cargas en las rutas.
Las entidades, en su conjunto, insistieron “en la necesidad de revisar esta medida absolutamente negativa para los intereses de todos los argentinos, en un marco del diálogo con las autoridades que puedan resolver los destinos del futuro del campo y del país”.
Si bien Coninagro no participará de la medida de fuerza, la Mesa de Enlace aseguró que existe “coincidencia” en el rechazo a la iniciativa gubernamental “por tratarse de una medida absolutamente perjudicial para el campo y para la Argentina en su conjunto, como se viene sosteniendo desde su anuncio”.
No es la primera vez que no hay acuerdo en una medida de estas características entre las entidades en lo que va del actual gobierno.
En el primer cese de comercialización convocado por las entidades rurales en marzo del año pasado, FAA dio libertad de acción a sus asociados tras un quiebre interno dentro de sus filas.
En esta oportunidad, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, justificó el no acompañamiento a la medida al considerar que “no es momento de parar, pero sí de reclamar. No adherir al cese de comercialización es una medida a favor del país, no a favor del Gobierno” y afirmó la necesidad de “agotar todas las instancias de diálogo”.
La protesta fue decidida tras la decisión del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de cerrar la registración de nuevas Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) del grano amarillo la semana pasada hasta que ingrese la nueva cosecha en marzo para asegurar el abastecimiento interno, explicaron.
El obejtivo del Gobierno con el cierre del registro es asegurarse 4,27 millones de toneladas para que “queden disponibles para el consumo interno, con el objeto de asegurar el abastecimiento durante los meses del verano, cuando la oferta de cereal tiende a escasear”.
El grueso de estas más de 4 millones de toneladas tendrían como destino la alimentación de animales como los vacunos, pollos y porcinos, tanto para consumo interno como para exportación.
La medida, si bien tuvo algunos apoyos de empresarios cárnicos y cámaras, fue rechazado por un gran número de entidades ligadas al sector agropecuario, al afirmar que se trata de una “intervención del mercado” y que traerá consecuencias negativas.
Este martes se sumaron las críticas del Centro de Exportadores de Cereales (CEC) y de las cadenas de los cultivos.
Los exportadores aseguraron que la medida implementada fue “sorpresiva e inconsulta” y afirmaron que el abastecimiento del cereal “estaba asegurado para este bimestre”.
Según la cámara empresaria, hay registros de existencias por 10 millones de toneladas, de las cuales solo 1,2 millones de toneladas tenía previsto el destino de exportación.
“La intervención en un mercado transparente altera las reglas y genera incertidumbre entre los productores, que retraen la venta de sus stocks y reducen la siembra de la próxima campaña, lo que provoca la reacción inversa para reducir los precios internos”, indicó CEC en un comunicado.
A su vez, las cadenas de cultivos, integrada por Maizar, Acosja, Asagir y Argentrigo, también criticaron la decisión al asegurar que “este tipo de acciones erosionan fuertemente la confianza y conducen a que inmediatamente se retraigan las inversiones, tanto las de corto y largo plazo”.
Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, dijo que “una vez los sectores agroexportadores tienen que pensar en los argentinos” y señaló que, si la intención es “hacer un lockout, el Gobierno no se va a mover un centímetro” de su postura.
“Una vez los sectores agroexportadores tienen que pensar en los argentinos” porque especialmente los sojeros “tuvieron ganancias extraordinarias”, aseguróel ministro en declaraciones formuladas esta mañana a El Destape Radio.
“Si la Mesa de Enlace hace un ‘lockout’, el Gobierno no se va a mover un centímetro”, sostuvo Katopodis, quien consideró que es momento de que “esfuerzo lo hagan aquellos que puedan hacerlo”.
