Más allá de las palabras de ocasión prudentemente escritas y comunicadas, el responsable del caso argentino y la directora Ad Hoc para el hemisferio occidental, insistieron en todas las reuniones que mantuvieron en Buenos Aires durante casi dos semanas por diferentes despachos oficiales y oficinas de entidades privadas; en que además de metas cambiarias, fiscales, monetarias e impositivas mensurables; el país necesita un consenso político con, al menos parte, de la oposición; para garantizar que estas se mantengan en el tiempo. El reclamo de Cubeddu y Kozac se justifica en el pedido de un Facilidades Extendidas, aún en una versión renovada. Al ser un acuerdo de 10 años que comenzaría a aplicarse desde el primer semestre del 2021, culminaría en el mismo período de 2031. Esto implica que el actual Gobierno de Alberto Fernández cubriría los primeros tres meses del período del acuerdo pactado con el FMI, con el condimento que podrían ser los únicos tres sin liquidaciones de cuotas. Luego, en los últimos siete años de vigencia del Facilidades Extendidas, donde semestralmente habría que pagar dos cuotas anuales para devolver los u$u44.800 millones que se le deben al organismo, gobernaría, al menos en un tramo, algún otro presidente; democráticamente con probabilidades de ser de otro signo político. Y, obviamente, para el FMI lo importante luego de negociar condiciones para el acuerdo, es garantizar que el país cumpla esas metas y respete el acuerdo. Y, para esto, en términos de reclamos, se necesita el compromiso de la clase política argentina para recomendar la aprobación final ante el board.
El Gobierno reconoce que este punto es importante y atendible. Y que la manera de reconocerle al FMI que tiene razón, es darle volumen político a los principales términos que se están negociando dentro del Facilidades Extendidas.
