Gobierno nacional ratificó ayer que utilizará los préstamos por US$ 6.000 millones ya aprobados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y la CAF, para la concreción de obras de infraestructura y programas de desarrollo.
Tras la decisión del presidente Alberto Fernández a inicios de su mandato de no solicitar los desembolsos pendientes del acuerdo que firmó el gobierno de Mauricio Macri con el FMI, el mandatario dispuso recurrir a los US$ 6.000 millones en prestamos ya aprobados y con tasas blandas del BID, el BM y la CAF, consignó la agencia Télam.
Así señalaron fuentes cercanas al mandatario que integran la comitiva que visita Israel para participar del Foro Internacional del Holocausto 2020, que también respaldaron la decisión del gobierno bonaerense de postergar sus negociaciones hasta saber que hará la Nación en materia de restructuración de deuda con los acreedores privados y con el FMI.
“Se trata de líneas de crédito para obras de infraestructura que nunca fueron desembolsados porque nunca se presentó la propuesta final”, aseguraron las fuentes. En esa línea, remarcaron que estos préstamos “ya están aprobados y serán utilizados por su bajo costo de financiación respecto a lo que podría conseguir el país en los mercados”.
Al mismo tiempo reiteraron que “no se quiere seguir endeudando al país y, por eso, no se van a pedir nuevos préstamos a organismos internacionales”. En ese sentido, y a la espera de poder avanzar en el diálogo con el FMI en pos de un nuevo acuerdo, las fuentes entendieron que la postergación de la provincia de Buenos Aires del plazo para los tenedores del bono BP21, buscó transmitir el mensaje significó que la administración de Axel Kicillof “no puede negociar hasta que sepa que va a hacer Nación”.
Por esa razón, para dar un camino de certidumbre a la renegociación de la deuda es que en el Gobierno explican que el ministro de Economía, Martín Guzmán, decidió remitir al Congreso el proyecto de ley de la renegociación de la deuda para su tratamiento en sesiones extraordinarias.
Hoy, el gobierno de la provincia extendió hasta el 31 de enero el plazo para que los tenedores del bono BP21 den o no su consentimiento para diferir el pago del capital hasta el 1 de mayo. Los allegados al presidente Fernández, también ratificaron la decisión del Gobierno de trabajar en una nueva versión de la ley que establece el régimen de promoción para la Economía del Cocimiento por entender que se tergiversó la que existe ahora aprobada y reglamentada el año pasado.
“Entraron empresas muy variadas, como Mercado Libre, que tiene una gran operación de logística que poco tiene que ver con el software” se explicó al segurar que la nueva versión que se dará a conocer en breve “va a redefinir la reglamentación y el alcance de la ley”.
Al ser consultados los voceros sobre las definiciones que se aguardan en materia de tarifas energéticas, reiteraron que el gobierno decidió “rever el régimen de tarifas porque el que existe es un negocio para las empresas”.
“Para reformarlo hay que hacerlo seriamente y para eso se dispuso el congelamiento, lo que nos da un plazo de 180 días para revisarlo desde una perspectiva según los términos de riqueza de la Argentina”, agregaron.
También, desde el Gobierno se defendió la promoción de cualquier forma de extracción de gas y petróleo no solo la de los recursos no convencionales de Vaca Muerta y se usa como ejemplo los yacimientos de gas explotados por Total en Tierra del Fuego.
