Luego de que la semana pasada importantes funcionarios del Gobierno defendieran la iniciativa en un plenario de comisiones, el Súper RIGI ingresa en su etapa final en el Senado antes de la firma del dictamen y su tratamiento en el recinto.
Este miércoles a las 16 en el Salón Azul de la Cámara alta se reanudará el cuarto intermedio con la última reunión informativa del plenario de Presupuesto y Hacienda (presidida por Agustín Monteverde), de Economía Nacional e Inversión (Martín Goerling Lara) y de Legislación General (Nadia Márquez).
La semana pasada, ya habían expuesto el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, y el responsable de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González Casartelli, quienes defendieron el proyecto ante las preguntas de los distintos bloques políticos.
Durante la reunión se explicaron las diferencias entre el RIGI original incluido en la Ley Bases del 2024 -enfocado en infraestructura y recursos naturales, con pisos más bajos de inversión y posibilidad de aplicar en proyectos ya existentes- y este nuevo “Súper RIGI”, un instrumento diseñado por el Ministerio de Economía para captar mega inversiones en nuevas industrias de frontera tecnológica, como energías renovables, biotecnología e inteligencia artificial.
Comprende abundantes exenciones impositivas y beneficios aduaneros y cambiarios, y alcanzará a proyectos vinculados a actividades que aún no existen en Argentina o que están en etapa de experimentación.
Para ingresar a los beneficios de este esquema se requiere un umbral mínimo de inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares, superando ampliamente los 200 millones del RIGI original.
A estas industrias se les ofrece un horizonte de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por un período de 30 años.
A diferencia del RIGI, que tenía una duración de dos años con una prórroga por un año adicional (opción que se hizo efectiva), el Súper RIGI tiene un plazo más largo de 5 años y uno extra de prórroga.
Es un régimen bastante más restrictivo que el RIGI, que excluye los proyectos de recursos naturales y de infraestructura, y además excluye a proyectos preexistentes ampliables.
establecería un régimen de inversiones con beneficios fiscales, estabilidad regulatoria por varias décadas y un esquema de protección jurídica excepcional para grandes corporaciones tecnológicas internacionales, sin exigir como contraprestación la generación de empleo local, la transferencia de tecnología o compromisos concretos con el desarrollo nacional.
Según la carta, el proyecto representa “la renuncia al derecho de regular sectores estratégicos durante una generación entera”.
La misiva hace un llamado para que se evalúe el proyecto considerando sus efectos de largo plazo sobre el empleo, los recursos naturales, la soberanía tecnológica y la capacidad del país para definir su modelo de desarrollo, y concluye que la Argentina necesita atraer inversiones y desarrollar nuevas tecnologías, pero sin una renuncia permanente a las herramientas regulatorias ni comprometer las posibilidades de decisión de las futuras generaciones.
