La Cámara de Diputados aprobó en general por una amplia mayoría los proyectos impulsados por la oposición de incrementos de los haberes jubilatorios en un 7.2%, y el aumento del bono complementario de 70 mil a 110 mil pesos y la extensión de la moratoria por dos años.
Las iniciativas fueron rechazadas por el oficialismo y un sector de los aliados, en tanto que el Gobierno ya adelantó que utilizará el veto presidencial al considerar que afectan el orden fiscal.
El aumento a las jubilaciones fue aprobado 142 votos contra 67 rechazos y 19 abstenciones (UCR y PRO).
Los votos positivos fueron aportados por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia par Siempre, la Coalición Cívica, la izquierda, Movimiento Popular Neuquino, Producción y Trabajo, algunos radicales, Transformación (Lourdes Arrieta) y Por Santa Cruz.
En tanto votaron en contra la Libertad Avanza, los diputados del PRO que responden a Patricia Bullrich, los radicales “peluca” de la Liga del Interior y otros legisladores que son firmes aliados de la LLA, como Somos Fueguinos y Creo.
La votación de la moratoria estuvo mas ajustada ya se aprobó por 111 contra 100 y 15 abstenciones.
La extensión de la moratoria fue respaldada por UP, la izquierda, dos diputados de Encuentro Federal, Producción y Trabajo, Por Santa Cruz y fue rechazada por el PRO, la UCR, la Libertad Avanza, y el grueso de diputados de Encuentro Federal.
La sanción de estos proyectos no solo fue avalado por los bloques que ejercen una oposición dura contra el Gobierno sino por otros aliados tradicionales del Gobierno, como el Movimiento Popular Neuquino, dos legisladores de Innovación, los sanjuaninos de Producción y Trabajo, y los tucumanos de Osvaldo Jaldo .
Desde el Gobierno anticiparon el veto a los proyectos jubilatorios y de Emergencia en Discapacidad porque sostienen que genera un impacto fiscal de 12 mil millones de dólares, es decir, 1,8 del PBI.
El dictamen de mayoría establecido otorgarse de emergencia por la administración equivalente al 7,2 oor ciento que se incorporará al haber mensual y servirá de bases para futuros aumentos.
Además fija que se aumenta de 70 mil a 110 mil a los trabajadores del haber mínimo, que se actualizará de acuerdo a inflación como en el resto de las prestaciones jubilatorias
Además el proyecto aprobado ratificó el decreto 274/2024 presidencial que establece que las jubilaciones y pensiones se actualizarán de acuerdo al índice inflacionaria.
A propuesta del diputado de Encuentro Federal, Nicolás Massot, se incorporaron artículos para financiar el aumento de las jubilaciones y del bono.
En ese sentido se propone incorporar un artículo para establecer la derogación de la exención del impuesto del IVA a los directores de empresas, de ganancias a las sociedades de garantías reciprocas, y establece que se deben readecuar las partidas para utilizar los 32.616 millones de pesos que le corresponden a la SIDE.
También propone usar el ahorro de la baja de tasa del FMI y la nacionalización de los recursos que se recaudan por los registros del automotor.
Otro punto del proyecto se refiere a las cajas jubilatorias y en ese sentido dispone que la Anses transferirá antes del 20 de cada mes a las Provincias que no cedieron sus cajas previsionales a la Nación un anticipo mensual equivalente a una doceava parte del último año.
El debate fue abierto por la diputada de UP, Victoria Tolosa Paz, quien destacó que el 7,2 por ciento busca compensar la inflación de enero de 2024 y por eso se intenta “recomponer el primer gran ajuste se hizo cuando se devaluó el peso argentino de manera arbitraria en 118%”.
En su discurso, la diputada rechazó el DNU 274 que estableció que desde abril de 2024 las jubilaciones se actualizaban por la inflación pero sin compensar la totalidad de la inflación de enero del 2024, por lo que la oposición buscó aprobar un aumento del 8,1 por ciento el año pasado y ahora del 7,2 por ciento.
En tanto, el vicepresidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller (UxP), dijo que “nos dicen que estamos proponiendo parches, pero los parches son una solución cuando se pincha una goma, porque el parche nos permite enfrentar el problema y evitar que se agrave”.
“Nosotros no somos hinchas del déficit pero si somos enemigos del ajuste para resolver el problema, pero todas los países mencionados por el Gobierno tienen déficit fiscal”
Desde la Libertad Avanza, el diputado Álvaro Martínez, aseveró que estos proyectos jubilatorios “los quiere vender como una justicia social pero es una estafa a los jubilados” y dijo que “no falta decir hasta el hartazgo que hay que aumentar a los jubilados, porque hay que decir de donde saldrán los recursos”.
Agregó que “nosotros proponemos una reforma integral que no usen a los jubilados que no los use como botín político, que se termine con la desigualdad y con los regímenes de privilegio”.
A su vez, el diputado radical Lisandro Nieri sostuvo hoy que en un “país normal” se discute el Presupuesto y “no el gasto por partes”, y señaló que su propuesta es que el Poder Ejecutivo disponga de una actualización de los haberes de los jubilados con recursos del superávit y con una reducción del gasto tributario.
Al defender su dictamen de minoría que pide al Gobierno hacer una redistribución de los ingresos que tiene el Poder Ejecutivo, Nieri señaló que “la jubilación no puede tener un 20 por ciento volátil. ¿Quién podría vivir con esa incertidumbre respecto de sus ingresos mensuales?”, se preguntó. Y agregó que “es un monto fijo que mes a mes se achica por efecto inflacionario”.
A su vez, el presidente de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, sostuvo hoy que desde esa fuerza política no votarán una moratoria previsional y defendió la necesidad de aumentar las jubilaciones porque ante la “imposibilidad de diálogo se volverá a probar con una media sanción, que probablemente sea ley y sea vetada”.
Al hablar en el debate de los proyectos jubilatorios, López dijo que “no es que uno le quiera marcar la cancha al Gobierno, no queremos que la crueldad se apodere del programa de estabilización económica. Es cierto que hay que ser prudentes, y es cierto que hay que salir de una inflación de décadas, pero no se puede hacer de cualquier manera”.
Con una holgada mayoría, y pese al rechazo oficialista, la oposición logró hoy darle media sanción en la Cámara de Diputados al proyecto de ley que declara la Emergencia en Discapacidad en todo el territorio hasta el 31 de diciembre del 2026, pudiendo prorrogarse por un año más.
Con 148 votos a favor, 71 en contra y tres abstenciones, quedó aprobada la iniciativa que recompone las prestaciones arancelarias desde el 1 de diciembre de 2023 conforme a la inflación acumulada en el período y actualiza el nomenclador para la indexación mensual automática de las pensiones no contributivas de acuerdo al IPC.
En el texto, el monto de las pensiones por discapacidad se mantiene en un valor del 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio.
Durante su intervención, la diputada de la UCR Soledad Carrizo sostuvo que “este sistema de discapacidad está necesitando que todos nosotros nos pongamos a buscar una salida razonable y coherente, para que las personas con discapacidad tengan lo que realmente necesitan”.
Por su parte, la representante de Democracia para Siempre Melina Giorgi consideró que “el equilibrio fiscal no se puede buscar a través del ajuste del sector de discapacidad, las personas con discapacidad tienen derechos y deben ser respetados”.
A su turno, la diputada del Frente de Izquierda Vanina Biasi reclamó que “el colectivo que debe ser asistido por discapacidad reciba lo que merece y que realmente podamos llevar adelante cambios significativos que cambien su vida”.
En tanto, Eduardo Valdés (Unión por la Patria) alertó que los transportistas que asisten a las personas con discapacidad “no están pudiendo hacer su trabajo porque les pagan 500 pesos por kilómetro”.
“No venimos a echar culpas sino a querer resolverlo. Mi compromiso con la discapacidad que hoy está en emergencia es por el compromiso con los papás que lo único que sueñan es que va a hacer la vida de su hijo cuando no estén”, concluyó el diputado peronista.
Santiago Pauli (La Libertad Avanza) pidió que no se le achaque al Gobierno de Javier Milei esta emergencia en Discapacidad.
“Frente a la inflación del 117% del 2024, el aumento fue del 99%. Son 18 puntos porcentuales de diferencia. En cambio, en el 2023 la inflación fue del 211% anual y el aumento que dio el Gobierno de Alberto Fernández fue de 93 puntos. Más de 100 puntos porcentuales de diferencia. ¡La emergencia es toda de ustedes! Es su culpa y no intenten dibujar los datos”, apuntó el fueguino libertario.
“No tienen autoridad moral para plantear ninguna solución porque usaron los recursos para la discapacidad para hacer clientelismo político con personas que no reunían los requisitos, a chantas, a presos, a militantes de ustedes. A mucha de esta gente se la manipulaba y se la obligaba a ir a actos, a hacer campaña”, agregó.
La oficina de Presupuesto del Congreso determinó que el impacto fiscal por el aumento de las pensiones por Discapacidad significa un refuerzo fiscal de 1.889.371 millones de pesos y 3.627.495 millones.
Esta diferencia entre 1,8 billones de pesos y 3,6 millones de pesos se debe al numero de beneficiarios “por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios” que podrían registrarse con la nueva ley, señaló la Oficina de Presupuesto.
En tanto, la compensación por el desfasaje entre el valor de la prestación y la inflación del 2024 tiene un costo $278.323 millones y el refuerzo para los talleres de producción de 7.160 millones de pesos.
La sanción de declaración de emergencia en discapacidad venía siendo reclamada por diversos sectores en todo el país, que vienen realizando marchas para reclamar a los legisladores que sancionen una ley para actualización los valores de las prestaciones y de las pensiones.
