Cuando el Gobierno llegue a fijar un programa de facilidades extendidas con el que repagar el crédito de u$s 44.500 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI), la Casa Rosada enviará al Congreso un proyecto que blinde con previsibilidad política y social un acuerdo que impactará en los próximos años de la Argentina, y requerirá a su vez una profunda reforma tributaria que ya se cuece en las sombras.
En tándem, el Ministerio de Economía y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tienen acordado acompañar en sincronía el debate parlamentario del acuerdo con el Fondo con diversos proyectos que apuntan a trastocar el sistema tributario argentino y conceder alivio impositivo a sectores con capacidad de crecimiento y generación de divisas, indispensables para cumplir con el organismo multilateral.
A la vez, en la Casa Rosada y el edificio contiguo, el Palacio de Hacienda, hacen un balance positivo del Impuesto a la Riqueza, ya abonado por casi 10.000 contribuyentes, que le ha permitido al Estado embolsar $ 230.000 millones extra.
No obstante, el Aporte Solidario Extraordinario sigue siendo eso: extraordinario. Antes bien, en el gabinete económico de Alberto toma vuelo la intención de incrementar la alícuota de Bienes Personales, como forma de paliar el déficit y mantener programas que no se cubren ni con la recaudación, ni con la emisión de deuda en moneda local.
Argumentando que se trata de un debate global -el de gravar a las corporaciones más ricas y a los millonarios- el Gobierno hace un guiño a los sectores más duros de la coalición, que a la luz de las intenciones manifiestas del senador Oscar Parrilli, han intentado condicionar a la Casa Rosada a destinar los u$s 4300 millones que el FMI girará al país en agosto en concepto de retorno de los Derechos Especiales de Giro (DEG) para mantener los planes asistenciales.
