La opción que queda rechazada es la de continuar liquidando en tiempo y forma el bono Par para los tenedores de los u$s653 millones; sugerencia que ayer le llegó al gobierno desde el mercado. Se afirmaba que el costo de reconocer sólo esta deuda como la vigente sería pequeño (menos de 50 millones contra el nuevo Global 2041 con el que se reestructuró el Par con el que no se llegó a la mayoría del 66%); con lo que lo mejor sería cerrar el canje con el 99%, y liquidarle a este 1% el título según las cláusulas del 2010. CGS&H desaconseja esta alternativa, ante la vigencia de la RUFO, y la posibilidad que el resto de los acreedores con deuda emitida en 2010 reclamen las mismas condiciones. Aunque los nuevos contratos permitirían la operación, hay un gris legal en la materia; ya que las reasignaciones no tienen jurisprudencia legal en los tribunales de Nueva York. Si un bonista reclamara ante el tribunal de Loretta Preska, la jueza del segundo distrito sur de Nueva York no tendría jurisprudencia sobre la que basar un fallo; con lo que debería tomar una decisión inédita. Por esto, la recomendación de los abogados que representan al país, es la de ubicar a los tenedores del Par, y convencerlos de ingresar. Según Cleary, la SEC lo permitiría.
Por ahora hay tiempos legales e institucionales para resolver el problema. Sólo habrá que extender los plazos de contratos del Bank of América y el HSBC y dejarlos actuar unas jornadas más para contactar a los inversores europeos del Par y hacerles una propuesta de ingreso avalada por la autoridad de Wall Street. Para que la historia tenga un final feliz (y definitivo) sólo hay un peligro, que por ahora no se vislumbra: la aparición de algún fondo buitre que agrupe a los bonistas del 1%, o directamente les compre sus papeles, para iniciar una disputa legal por lo que consiga de los u$s653 millones. Si bien por ahora no hay células buitre activas en este canje, hay dos candidatos en la mira: Aurelius y Burford Capital. El primero mantiene un litigio con el país por las liquidaciones del Cupón PBI. El segundo es el principal contendiente en la causa por la manera en que Argentina reestatizó YPF. El dato sobre el potencial vuelo de Burford, Aurelius o similar lo tendrán los dos bancos colocadores; ya que las eventuales ventas quedarían registradas en los bancos internacionales con sede en Europa donde los acreedores tienen sus cuentas.