La iniciativa, que había obtenido media sanción en el Senado el 20 de diciembre en el primer llamado a extraordinarias, les permite a las provincias aumentar la recaudación impositiva en sus respectivos territorios.
El nuevo consenso fiscal, que se firmó el 17 de noviembre de 2019, frena hasta el 31 de diciembre de 2020 la baja de Ingresos Brutos, pero también abre la puerta a subas y nuevas imposiciones en ese tributo y en Sellos.
Como contrapartida, las provincias se comprometen a congelar por un año los reclamos ante la Corte Suprema de Justicia para obtener compensaciones por las pérdidas en la coparticipación federal durante el gobierno de Mauricio Macri.
La diputada de la Coalición Cívica, Paula Oliveto, criticó el nuevo Pacto Fiscal al sostener que la Argentina “no da más con su carga tributaria” y adelantó su voto en contra.
“El consenso fiscal que firmaron los gobernadores era una respuesta a la necesidad de la sociedad que nos exige a nosotros porque no pueden cumplir con sus obligaciones tributarias y ese acuerdo fiscal daba previsibilidad y va de la mano con la seguridad jurídica”, indicó.
En el mismo sentido, el diputado radical por Formosa, Ricardo Buryaile, consideró que “no es bueno ni serio que un Congreso de marchas y contramarchas todos los años”, dado que se está “quitando valor a algo firmado”.
Por su parte, la diputada catamarqueña del Frente de Todos, Lucía Corpacci, firmante como gobernadora del pacto con las provincias en 2017, defendió el nuevo Consenso Fiscal, al señalar que “en ningún momento el texto dice que vamos a aumentar impuestos, sino que vamos a dejar de disminuirlos por un año y a suspender las acciones judiciales mientras nos sentemos las provincias a acordar o no con el Gobierno Nacional”.
“Nadie está pidiéndole a nadie que aumente los impuestos. Aquellas provincias que puedan disminuirlos, que los disminuyan, pero que sea su potestad”, cerró.
