La denuncia original apuntó a Juan Martín Monge Varela, subdirector ejecutivo de Operaciones del FGS; al entonces gerente de Operaciones, Pablo Pereyra Iraola; y al gerente de Inversiones, Andrés Rodríguez Lubary. Los tres presentaron sus renuncias en simultáneo, con efectos al 1 de agosto de 2018, un mes antes de que se inicie la investigación preliminar. González Da Silva estimó que en ese lapso entre 2017 y 2018, la cartera del FGS creció 26% en pesos, pero cayó un 36,3% en dólares, los activos más valiosos en un contexto devaluatorio. No se pudo establecer todavía el motivo que llevó a esa pérdida, si fue por inversiones fallidas o por situación macroeconómica adversa. Por eso solicitó a Taiano que impulse la investigación exigiendo datos concretos de inversión y rendimientos de sus recursos, las decisiones adoptadas por los funcionarios con el objetivo de preservar el patrimonio del FGS. La hipótesis por la negativa confirmaría parte de la denuncia: si se utilizó “holgadamente el FGS para financiar gastos corrientes del Sector Público Nacional, generando así su descapitalización y desprotegiendo cualquier otra actividad rentable”. Las inversiones no garantizadas, precisamente, son de riesgo y no pueden asegurar una rentabilidad que conserve el patrimonio de los fondos destinados a sustentar la sustentabilidad del sistema previsional.