Exigen incorporar a la ley de financiamiento político un artículo que habilite a denunciar noticias falsas en la justicia. La Cámara electoral registrará las cuentas de los candidatos. En Cambiemos se resisten a aplicar regulaciones.
Mauricio Macri está apurado en sancionar una ley que regule el financiamiento electoral, pero el peronismo le exige a cambio dar un debate que siempre quiso evitar: el combate contra las noticias falsas, conocidas como las “fake news”.
Así se denominan los posteos maliciosos que circulan por plataformas virtuales, en muchos casos con una fuerte inversión para garantizar una interacción masiva y capaz de arruinar las chances electorales de un candidato.
El fenómeno se hizo sentir en los últimos comicios de las democracias occidentales y los Gobiernos empezaron a legislar regulaciones para no repetir experiencias similares.
Alemania aplica multas de 50 millones de euros a las redes sociales que no supriman las fake news y Francia habilitó a la justicia a eliminar información no veraz y constatar si fue difundida por robots o trolls, que inundan las redes sociales argentinas y la oposición suele asociar al equipo de comunicación de Marcos Peña.
No sólo la oposición: Amnistía Internacional publicó un informe en el que advierte al Estado sobre la masiva presencia de perfiles falsos en las redes para atacar periodistas y activistas de Derechos Humanos. Y pidió acciones preventivas al Gobierno y a las compañías de Silicon Valley, que cada vez que les cuestionan sus algoritmos para ordenar y distribuir publicaciones como prefiera el mejor postor, se defienden con la bandera de la libertad de expresión.
Los parlamentos europeos ignoraron esas proclamas pero Macri, que nunca abordó la problemática de las fake news, las tuvo muy en cuenta y envió un proyecto de ley para librar de cualquier responsabilidad penal a los motores de búsqueda como Google y Facebook por los contenidos que distribuyan.
El Senado la aprobó a libro cerrado y Argentina Federal, el bloque de los gobernadores peronistas, la archivó en la Comisión de Comunicaciones de Diputados por presión de los editores de medios.
“Google y Facebook se quedan con el 80 por ciento de publicidad del mundo y en Argentina tienen más publicidad que todos los canales juntos, un claro ataque a la democracia. ¿Nadie se preguntó por qué el Congreso de Estados Unidos no los dividió, como hizo con otras empresas monopólicas? Porque le son funcional”, detalló ese día Jorge Fontevecchia, editor de Perfil.
Temeroso de no poder justificar los gastos de su campaña electoral, Macri quiere aprobar la ley de financiamiento político cuanto antes y comparte la urgencia con el PJ, su socio cada vez que necesita quórum, pero Elisa Carrió la frenó en Diputados por su resistencia a habilitar aportes de empresas privadas a los candidatos. Sin ganas de llamarla, el presidente firmó un decreto para empezar el debate en el Senado y en tal caso negociar con Lilita en el verano.
Y aunque no quiera, tarde o temprano el dilema por las fake news llegará al recinto. Diego Bossio, diputado de Argentina Federal pero cercano a Sergio Massa, le anticipó a la macrista Silvia Lospennato que en la misma ley para regular gastos de campaña pedirá autorizar denuncias sobre noticias falsas ante la justicia electoral.
Amnistía explicó cómo funciona el equipo de trolls que atribuyen a Marcos Peña
Le acercó un borrador con un párrafo bien preciso sobre el asunto: “Queda prohibida la emisión y publicación de avisos que de manera masiva, deliberada, artificial o automáticamente, a través de un servicio de comunicación digital en línea; contengan: a) alegaciones inexactas o engañosas de un hecho o afecten la integridad de candidatos, sus familiares y/o agrupación política, b) contengan elementos que desincentiven expresamente la captación del sufragio a favor de los candidatos a cargos públicos electivos, o de sus agrupaciones políticas por las que compiten”, señala uno de los artículos.
“El juzgado federal con competencia electoral a solicitud del fiscal, de cualquier candidato, partido o alianza o persona interesada en actuar, y sin perjuicio de la indemnización por los daños sufridos, dispondrá en forma inmediata el cese automático del aviso cursado”, completa.
La terminología utilizada no es un dato menor: como dijo Peña planea relegar Facebook y apostar a whatsapp para difundir mensajes de campaña. Con ese texto, un juez electoral podría abrir una investigación con la captura de un smarphone y ningún motor de búsqueda está resguardado de su responsabilidad penal.
Hay más propuestas en danza. El diputado Juan Brügge, de Argentina Federal y presidente de la Comisión de Comunicación, presentó otro proyecto para que la Cámara Nacional Electoral cree una Comisión de Verificación de Noticias Falsas e investigue cada caso denunciado.
Y la Cámara no se quedó de brazos cruzados: a través de una acordada, donde detalla la reciente legislación sobre fake news en cada rincón del planeta, anunció que en las elecciones habrá un monitoreo de redes sociales y un registro de la actividad digital de cada candidato, que deberá documentar en los tribunales el material producido para su promoción. Cualquier otra cosa, será una noticia falsa.
Además, los camaristas Albero Dalla Vía y Santiago Corcuera solicitaron colaboración en la Corte Suprema para realizar una campaña de concientización que le permita a la gente detectar información engañosa.
La estrategia de Facebook en Argentina para contener el escándalo del robo de datos
La acordada la firmó Hernán Gonçalvez Figueiredo, secretario de actuación judicial de la Cámara y encargado de estudiar el fenómeno de las fake news en el mundo, que tuvo un careo público con los ejecutivos locales de Facebook y Twitter cuando expusieron en el Senado sobre las denuncias de suplantación de identidad.
Explicaron que remueven perfiles que no cumplan sus códigos de conducta, pero que nunca sancionarán la “sátira” o la “parodia”, géneros predilectos para instalar mentiras en la opinión pública.
Fue la única vez que los directivos locales de los monstruos digitales aceptaron pisar el Congreso. Facebook nunca quiso dar explicaciones públicas sobre el impacto local del escándalo de Cambridge Analytica, la consultora británica que le permitió vulnerar datos de 87 millones de usuarios para incidir en procesos electorales.
Mark Zuckerberg brindó testimonio en el capitolio de Estados Unidos y ordenó a sus representantes del resto del mundo a dialogar con legisladores intramuros. Según se supo, en el Congreso informaron que debieron asesorar a 61 argentinos que bajaron la aplicación de la Cambridge Analytica ( “This is your digital life” -Esta es tu vida digital-) y que hubo 145 mil perjudicados. Pero nunca se supo quién se benefició.
Durante un informe de Peña en el Congreso, los diputados kirchneristas Leopoldo Moreau y Juan Cabandié lo acusaron de haber pagado millones a la consultora británica cuando aún estaba en el Gobierno porteño.
“No contratamos a Cambridge Analítica y negamos cualquier apropiación de base de datos o campaña de difamación”, respondió el jefe de Gabinete. Debatir las fake news en el Congreso lo obligaría a dar más precisiones. La oposición se lo exige.
