La AFIP inició un operativo de fiscalización sobre los 150 frigoríficos más grandes del país, en una investigación a cargo de la Dirección General Impositiva (DGI) sobre las empresas que explican el 72% de la faena total.
En ese contexto, se identificaron maniobras de subfacturación o falta de declaración de operaciones en el 90% de los frigoríficos relevados. Como parte de los operativos en marcha se detectaron matarifes (usuarios de servicio de faena) que recurrieron al uso de facturas apócrifas, sociedades sin sustancia y prestanombres, para comercializar más de 500.000 cabezas de ganado entre 2018 y 2020.
“La industria frigorífica es un sector muy beneficiado por las condiciones internacionales”, explican en el Gobierno, donde buscan amortiguar el impacto sobre los precios de los principales cortes y garantizar el abastecimiento del mercado interno. En ese contexto, también puso en marcha los controles: AFIP, con la DGI y la Aduana reforzaron los controles para detectar evasión y operaciones de exportación diseñadas para no liquidar la totalidad de las divisas.
Los controles abarcaron a los distintos eslabones de la cadena productiva cumpla con sus obligaciones tributarias, mientras que Aduana, que la semana pasada multó a 19 frigoríficos exportadores, busca asegurar el correcto ingreso de divisas generadas por las ventas al exterior.
El “operativo frigoríficos” de la DGI comenzó por las 154 firmas más grandes del país, el 40% de todos los frigoríficos del país y tienen una facturación individual superior a los $250 millones anuales.
De acuerdo con el resultado de las tareas de control los inspectores de la DGI al que accedió El Cronista, se identificaron maniobras de subfacturación en casi la totalidad de los casos (90%).
En los operativos participaron desde abril más de 190 inspectores de la DGI y continúan a través de la modalidad digital. Los procedimientos abiertos otorgan a los inspectores un plazo de hasta 120 días para relevar documentación de las firmas. La mayoría de los casos corresponde a plantas emplazadas en el área metropolitana de Buenos Aires y las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba.
También se detectó un grupo de matarifes que “recurren a sociedades y personas humanas sin capacidad operativa, técnico económica y financiera para desarrollar sus actividades”. Se trata de empresas que comercializaron un total de 582.000 cabezas de ganado entre 2018 y 2020.
Los “usuarios de servicios de faena”, que carecen de una condición económica que justifique las operaciones contratan los servicios de frigoríficos, aunque las maniobras son sospechosas para el ente recaudador. La DGI investiga si recurren al uso de facturas apócrifas que sirven como “una pantalla” para algunos frigoríficos para evadir impuestos y generar créditos fiscales ficticios.
Las principales maniobras detectadas son la subfacturación de compras, con peso y precios declarados en la documentación por debajo de los valores vigentes en la plaza así como la declaración de compra de animales de menor valor a los que realmente se comercializan.
A eso se suman las compras no declaradas: Operaciones con productores que no están registrados y operaciones con productores registrados que no son declaradas (animales que son movilizados formalmente pero que luego no figuran en las declaraciones).
Además de las facturas truchas, hubo casos de subfacturación de ventas, con operaciones facturadas a precios por debajo de los del mercado o con menores cantidades declaradas.
Por otra parte, los inspectores también detectaron empleo no registrado, informalidad y precarización en las distintas etapas de la cadena productiva. Pagos de complementos de salarios no registrados y subdeclaración de los horarios de trabajo.
