Hay que recordar que el pasado 22 de agosto el presidente Alberto Fernández firmó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que declaró “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia” a la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga, al tiempo que suspendió “cualquier aumento de precios o modificación de los mismos” hasta el 31 de diciembre en base a los precios vigentes a julio.
En aquel decreto, el Gobierno había destacado que “el derecho humano al acceso a las TIC y a la comunicación por cualquiera de sus plataformas requiere de la fijación de reglas por parte del Estado para garantizar el acceso equitativo, justo y a precios razonables”.
En ese sentido, agregó que “es necesario recuperar los instrumentos normativos que permitan garantizar para la totalidad de los y las habitantes de la Nación el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), estableciendo además planes accesibles e inclusivos que garanticen una prestación básica universal obligatoria”.
Es por eso que en el Enacom estuvieron trabajando para la confección de la prestación básica universal que garantice los servicios de telecomunicaciones a un precio accesible para los sectores más vulnerables. Cuando el Gobierno suspendió los aumentos, lo hizo en el marco de la pandemia en donde el uso de los servicios TIC incrementaron su esencialidad debido al teletrabajo y a la educación virtual. En muchos hogares la continuidad pedagógica de los niños y adolescentes se vio seriamente afectada por la falta de dispositivos o de conectividad para acceder a los materiales de estudio.
Tal como ocurre con la tarifa social en los servicios de agua, electricidad y gas, ahora el Gobierno hará lo propio con los servicios de telecomunicaciones para los sectores más vulnerables como jubilados y pensionados, personas que cobra la prestación por desempleo, y los titulares de programas sociales, entre otros.
La inflación se desaceleró en noviembre a un 3,2%, y acumula en el año una suba del 30,9%, para cerrar este año en un 36%, bastante menos que el 53,8% del último año de Mauricio Macri en 2019. Sin embargo, en el Gobierno siguen con preocupación la evolución de los precios, sobre todo en alimentos, lo que impacta de lleno en el bolsillo de los argentinos. Mediante una serie de acuerdos la Casa Rosada busca morigerar los efectos inflacionarios. En ese marco, en noviembre se empezó a descongelar el Programa Precios Máximos para darle más preponderancia al programa Precios Cuidados.
Para 2021, el ministro de Economía, Martín Guzmán, estimó una inflación del 29%, aunque analistas privados aseguran que será muy difícil alcanzar esa meta. El argumento es que este año los precios regulados estuvieron congelados y que en 2021 se irán convalidando subas de precios.
En Casa Rosada quieren evitar “tarifazos” como los hubo durante el gobierno de Macri, pero fuentes oficiales indican que “sabemos que no podemos dejar los precios congelados eternamente porque se hace insostenible como ya nos pasó antes del 2015”. Es por eso que la estrategia en las tarifas de los servicios públicos (incluidas ahora las TIC) es autorizar incrementos que “los argentinos puedan pagar”, y monitoreando de forma permanente la inflación.
