La fiscalía reconoce que investigaban las irregularidades desde abril de 2018, se pudo saber que en julio de 2017 una funcionaria del área de Tránsito ya develó la maniobra de fraude.
El mismo ex director de Asuntos Legales de la Subsecretaría de Tránsito, Marcelo Cattáneo, radicó una denuncia por las irregularidades en la entrega de licencias de conducir el 6 de febrero de 2018, por lo que se estima que el accionar de esta supuesta organización delictiva, cuyos integrantes fueron acusados de “asociación ilícita”, data de más de cinco años, como mínimo. Por ello, es que la fiscalía no cerró aún la lista de imputados.
En tanto, los acusados ya detenidos se mueven en busca de hacer sus respectivos planteos y coartadas, la fiscalía dispuso acciones en busca de establecer, si se puede, el perjuicio económico causado al municipio por esta organización delictiva.
Lo que sí se afirma es que se trataría de un monto millonario.
En ese sentido, son pocos los parámetros para poder estimar el daño económico, pues la mayoría de los conductores que acudieron a los servicios de esta banda no lo hicieron por los excesivos costos de tramitación de la licencia, sino para sortear los requisitos exigidos, entre ellos presentación de documentación, personal y médica, y el cumplimiento de ciertos exámenes, como el de conducir, uno de los que más se buscaba evitar.
Lo que sí se conoce, no obstante y surge de las mismas denuncias, entre ellas las realizadas por el mismo Cattáneo y otros jefes del área de Tránsito, es el monto por el cual se vendían las licencias de conducir adulteradas.
En febrero de 2018, dicho ex funcionario, sostuvo en su denuncia que por la red social Facebook se ofertaba las licencias y otros trámites afines por la suma de 2 mil pesos, monto que posteriormente, y según lo informado ya por la Unidad de Delitos Económicos Complejos, a cargo del caso, ascendió a 3 mil.
Los montos, de acuerdo a lo investigado hasta ahora, se habían fraccionado, pues para determinado requisito que se quería evadir se impuso una suma determinada, lo cual, y en caso de que las defensas de los acusados no reviertan tal aseveración, se convertirá en una prueba que no sólo le dará sustento a la acusación penal, sino que, al momento del juicio, los acusados podrían recibir penas muy altas.
En tal sentido, cabe señalar que el delito de asociación ilícita tiene una escala penal que llega a los 10 años de prisión.
Fuente:Nuevo Diario
