La cláusula implica que si los bonistas quisieran litigar sin más en el caso que el país en el futuro vuelva a incurrir en un default, no lo podrían hacer hasta después del vencimiento del título, ni ejecutarlo de manera individual, ya que las liquidaciones judiciales (en caso de ganar un juicio en los tribunales de Nueva York) sólo podría realizarlas el Trustee/Bondholder Representantive (Comisario de la emisión).
La cláusula había sido diseñada casi artesanalmente por Prat Gay y el estudio de abogados neoyorquinos de Cravath, Swaine & Moore (CS&M), y que había reemplazado al Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (GS&H), y fue incluida luego en todos los contratos de emisión de deuda del macrismo de entre abril de 2016 y enero de 2018. Luego, los mismos inversores exigieron que la cláusula se eliminara ante el aumento acelerado del riesgo país argentino al ritmo de las dificultades financieras de la Argentina que estallarían luego en la firma de un acuerdo con el FMI y el incumplimiento actual. En ese momento era sólo una salvaguardia casi sin importancia, y que se incluía casi como necesidad para cubrir potenciales impagos futuros, impensados en ese momento donde el país prometía dejar de lado su lamentable historial de default.
Estas limitaciones no existen para los tenedores de bonos emitidos durante los años del kirchnerismo. Tal como ya adelantó este diario, tanto la deuda lanzada para salir del default en 2005, como luego del relanzamiento de la oferta en 2010, no incluye cláusulas especiales de limitación de presentaciones judiciales ante situación de default; con lo que el país no está protegido ante eventuales aceleraciones de presentaciones ante los tribunales de Nueva York. Como además hay que tener en cuenta el fallo de fondo del entonces juez Thomas Griesa dejó una jurisprudencia ampliamente negativa para el país (el juicio sería sumarísimo); los bonistas con deuda K tienen un derecho generoso para proteger sus inversiones.
Y, lo más importante, se niegan a renunciar a esta posibilidad, tal como reclama Guzmán. Al menos sin una retribución financiera importante. Y por fuera de la aplicación de un cupón PBI. Se estima que los bonistas en esta situación alcanzan los u$s8.000 millones, de los 66.000 millones que se renegocian; lo cual los coloca en una minoría que el Gobierno podría ignorar. Sin embargo se agrupan en el Grupo de Bonistas del Canje, quienes, junto con el Comité de Acreedores (el de Gramercy, Fintech y Greylock), más cerca están de aceptar el acuerdo. Los tenedores de deuda M que se nuclean en el Grupo Ad Hoc (BlackRock, Fidelity y Ashmore), siguen siendo los más duros. Otro problema que presentan los bonistas K, es que el gobierno necesita un aval del 88% para que la aceptación quede firme. Y que un juicio de estos bonos K emitidos para salir del default de 2001 sería sumarísimo.
Hay un tercer problema con los bonista K. Están representados, tal como adelantó este diario, por el temible abogado Denis Hranistky, el hombre que trabajó para Paul Singer en el Juicio del Siglo contra el país, quién dirigió la toma de la fragata Libertad en Ghana y que negoció con el special master Daniel Pollack el acuerdo final. Sin embargo ahora trabaja para el Grupo de Bonistas del Canje y defiende a los bonistas K; pero con una posición “friendly” para llegar a un acuerdo. Sin embargo, todos están alertas. Se trata de un profesional del caso; que podría cambiar de bando en segundos y que tiene toda la experiencia del mundo para que cualquier presentación en los tribunales de Preska tenga tratamiento sumarísimo. Especialmente si se trata de algún caso en contra del país.
Los bonistas K son los que marcan hoy los tiempos limites reales de la negociación. El próximo vencimiento importante que tendrá el país será el del Discount del 30 de junio. Si Argentina no pagará esos u$s566 millones, tendría un plazo de 30 días más. El nuevo vencimiento será entonces el 30 de julio. Ese día comenzaría el verdadero calvario judicial contra el país para el caso que no cumpla con sus compromisos.
