Quedó firme el archivo de la causa por el préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), que tenía como imputados al expresidente Mauricio Macri, al exministro de Hacienda Nicolás Dujovne y a dos actuales integrantes del gabinete nacional: Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, y Luis Caputo, ministro de Economía, entre otros exfuncionarios.
La decisión fue firmada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, quienes rechazaron el recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal en la causa por el acuerdo de 57.100 millones de dólares firmado en 2018.
La investigación se centraba en el préstamo de 57.100 millones de dólares que el gobierno de Mauricio Macri acordó con el FMI en 2018, el más grande en la historia del organismo. El objetivo era determinar si el crédito era innecesario y si se tomó con la intención de facilitar la fuga de dólares en acuerdo con empresarios y financistas cercanos al poder. También se buscaba establecer si se cometieron delitos durante la negociación, la firma y la ejecución del acuerdo, y si hubo irregularidades en el trámite administrativo y en el manejo posterior de los fondos
Cómo se llegó al cierre de la investigación
La causa se inició en 2019 y se tramitó en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti. En febrero de este año, la jueza dispuso el archivo y consideró que no había pruebas de un “deliberado propósito orientado a defraudar al erario público”, que la decisión de endeudarse con el FMI era una cuestión de política económica que no correspondía revisar en los tribunales. Pocos días después, el presidente Javier Milei firmó un decreto que ordenó a la Procuración del Tesoro retirarse como querellante, con lo que el Estado dejó de impulsar la acusación.
El fiscal Franco Picardi, que había llevado adelante la investigación, apeló el archivo y pidió avanzar hacia las indagatorias. El fiscal general José Agüero Iturbe respaldó ese planteo, pero el 4 de septiembre la Sala I de la Cámara Federal, con los votos de Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, confirmó el cierre. Los camaristas sostuvieron que la tarea de la Justicia no es revisar las políticas públicas, sino determinar si alguna conducta individual constituye un delito.
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La fiscalía llevó entonces el caso a la Cámara Federal de Casación Penal mediante una queja. Antes de resolver, la Sala IV le pidió opinión al fiscal que interviene en esa instancia, Raúl Omar Pleé, quien en un dictamen de 28 páginas decidió no sostener el recurso. Según Pleé, tanto la jueza como la Cámara aplicaron correctamente la doctrina de las cuestiones políticas, que excluye del control judicial las decisiones de gobierno. Sin el respaldo del Ministerio Público Fiscal, la queja quedó sin sustento y el archivo, firme
En ese escrito, Pleé, sostuvo que “las hipótesis presentadas por el fiscal de instrucción no se corresponden con inferencias lógicas de las constancias de la causa, obtenidas luego de una extensa investigación, y que tampoco han sido sustentadas sobre la base de alguna propuesta de medidas concretas”.
A su vez, agregó que “no se ha podido fundamentar ninguna hipótesis delictiva concreta, de modo que lo único que queda en pie de esta acusación es el desacuerdo con un modelo económico determinado”
