El Ente emitió la Resolución N° 771/26 con el objetivo de transparentar la comercialización de lotes en urbanizaciones abiertas y cerradas de la provincia. Esta medida surge como una respuesta directa a los reiterados incumplimientos de desarrolladores inmobiliarios que ofrecen terrenos sin haber ejecutado las obras de infraestructura necesarias, generando una creciente ola de reclamos por falta de servicios esenciales.
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A través de esta normativa, el organismo encuadra oficialmente el vínculo entre adquirentes y desarrolladores como una relación de consumo. Esta decisión es una herramienta fundamental para evitar engaños, ya que permite al Ente aplicar la Ley de Defensa del Consumidor y sancionar la publicidad engañosa o reticente que omite información crítica sobre el estado registral y la factibilidad técnica de los servicios públicos en los loteos.
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Todas las ofertas de venta deberán incluir obligatoriamente un código QR que permita a los interesados verificar de forma inmediata el estado real del proyecto. Mediante este sistema, el usuario podrá acceder a información fidedigna sobre el avance de las obras eléctricas y sanitarias, los certificados de factibilidad de empresas como EDESA y COSAYSA, y los permisos de concesión de agua otorgados por la Secretaría de Recursos Hídricos.
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Asimismo, la resolución establece que los contratos de compraventa deben detallar por escrito la situación de los servicios y exige la instalación de cartelería visible en el acceso a cada urbanización que cumpla con estos requisitos de transparencia. El objetivo es que ningún ciudadano comprometa sus ahorros en emprendimientos que carecen de las habilitaciones municipales o ambientales mínimas para garantizar una vida digna.
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Finalmente, el ENRESP advierte que el incumplimiento de estas disposiciones habilitará la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Provincial N° 8457. Con esta acción, el Directorio del Ente reafirma su potestad para regular y controlar que la expansión urbana en Salta se realice bajo normas que protejan efectivamente los derechos de los usuarios y el acceso real a los servicios básicos domiciliarios.
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