El oficialismo Nacional retomará el dictamen trabajado en comisión, que establece la edad de imputabilidad en 13 años, un umbral que cuenta con mayor respaldo entre los bloques dialoguistas y que ya había permitido al Gobierno conseguir un dictamen de mayoría durante el año pasado.
El dictamen que se retomará conserva la estructura general del régimen penal juvenil, con un esquema de sanciones graduadas según la gravedad del delito y la prioridad de medidas alternativas a la prisión, como programas educativos, servicios comunitarios, reparación del daño y tratamientos psicológicos. La privación de la libertad seguirá reservada para delitos graves, con alojamiento en institutos especializados y sin contacto con adultos.
Además, se incorpora de manera explícita la facultad del Estado nacional de conveniar con las provincias para la implementación del régimen, un reclamo central de los gobernadores que habían advertido sobre el impacto presupuestario de la iniciativa en los distritos.
El costo fiscal para la implementación del régimen penal juvenil es de $23.739.155.303, que se financiarán con partidas del Ministerio de Justicia y de la Defensoría General de la Nación.
De acuerdo con el enfoque oficial, el mayor impacto presupuestario no está en la infraestructura sino en los costos de implementación, principalmente en la contratación de personal especializado como médicos, psicólogos y supervisores, considerados claves para el funcionamiento del sistema.
Con este repliegue, el oficialismo busca destrabar el debate y avanzar con una reforma que, aunque recortada respecto de sus aspiraciones iniciales, tenga chances concretas de ser tratada y votada en el recinto el próximo jueves.
