Con la designación de María Figallo como directora ejecutiva de la Unidad de Administración de Mercados Municipales (UAMM), la Municipalidad de Salta cerró la etapa de intervención del Mercado San Miguel y puso en marcha un organismo con autonomía administrativa, financiera y operativa.
El desafío de la funcionaria será reconstruir la confianza perdida tras décadas de irregularidades, un incendio devastador y las denuncias que marcaron el último año.
La creación en junio de este año, de la UAMM, aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante en 2025, representó un giro estructural en la administración de los mercados municipales. El nuevo ente reemplaza al viejo esquema mixto que incluía a la Fundación San Miguel, señalado como una “caja negra de poder y negocios”. Con autonomía administrativa y financiera, la UAMM tendrá la potestad de otorgar y revocar permisos, fiscalizar normas sanitarias y de seguridad, planificar obras de infraestructura, ordenar la zonificación de los mercados y transparentar los ingresos y egresos a través de plataformas digitales de acceso público. El intendente Durand celebró la transición y sostuvo que “empieza una etapa moderna, transparente y eficiente para los mercados de Salta”.
El doble desafío de la directora de UAMM
María Figallo, funcionaria de confianza del Ejecutivo municipal, y hermana del ex puma Juan “Chipi” Figallo (según remarcaron este martes portales locales), asumió este miércoles como directora ejecutiva de la UAMM. Su gestión arranca con un doble desafío: consolidar las mejoras alcanzadas durante la intervención y encarar la reconstrucción del Mercado San Miguel en un contexto de desconfianza social y denuncias latentes.
“Venimos a consolidar el compromiso del intendente con el Mercado San Miguel y los mercaditos como espacios vitales de trabajo, encuentro y cultura. Cada recurso será administrado con responsabilidad y cada acción responderá al interés de la comunidad”, expresó al asumir.
Sin embargo, el camino no será sencillo. Deberá enfrentar la presión de los puesteros que aún esperan definiciones sobre la reconstrucción del área incendiada, garantizar reglas claras en la adjudicación de locales —ahora bajo concurso público— y sostener un proceso de transparencia que rompa definitivamente con la opacidad del pasado.
