La incertidumbre se profundizó luego del fallo de la Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que prohíbe despidos, medida impulsada por los gremios Aefip y Supara tras el anuncio de desvinculaciones masivas.
En paralelo, el Gobierno nacional lanzó un programa de Retiro Anticipado dirigido al personal de planta permanente de la ARCA que alcanza a trabajadores de 58 años o más. Este beneficio, que tiene como fecha límite el 13 de febrero, se presenta en un contexto de tensiones laborales dentro del organismo.
Ramiro García Salado, secretario general del Noroeste del Sindicato de Empleados de la AFIP, valoró el fallo judicial, pero expresó su preocupación por el congelamiento salarial y la incertidumbre que rodea la reestructuración interna.
Según explicó, la medida cautelar obliga al Poder Ejecutivo y a la ARCA a abstenerse de cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad laboral de los empleados, protegiendo así a los 3.155 agentes que se preveía desvincular en todo el país.
Críticas al Gobierno y deterioro salarial
García Salado criticó duramente al Gobierno por justificar las cesantías aludiendo a ingresos durante gestiones anteriores, calificándolo como un acto de discriminación. “Se intentó estigmatizar al personal de ARCA, acusándolos de percibir sueldos exorbitantes y de perseguir contribuyentes, lo que generó una percepción negativa del organismo ante la sociedad”, expresó.
El gremialista también denunció la falta de paritarias desde 2022 y la reducción del Fondo de Jerarquización, lo que ha provocado un deterioro significativo en los ingresos de los trabajadores.
Según García Salado, el salario básico de los empleados está desactualizado, mientras que la parte variable, que depende del Fondo de Jerarquización, sigue decreciendo. “El presupuesto del organismo depende de un porcentaje de la recaudación, del cual surge nuestro Fondo de Jerarquización.
En los últimos años, este porcentaje ha disminuido de 0,77 a 0,60% afectando directamente nuestra economía”, explicó el sindicalista, quien también destacó que este fondo es clave para el funcionamiento de la ARCA, incluyendo aspectos edilicios, tecnológicos y salariales.
Sin avances en conciliación obligatoria
El representante gremial reveló que la conciliación obligatoria no logró avances significativos debido a las posturas inflexibles de ambas partes. “No hubo negociación, solo posturas enfrentadas. Desde ARCA insistían en cumplir con la palabra presidencial, mientras nosotros defendíamos la estabilidad laboral y el convenio colectivo”, señaló.
La medida cautelar, que protege actualmente a los trabajadores, fue confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, marcando un hito en la defensa de los derechos laborales dentro del organismo.
Críticas al cambio de nombre
García Salado también apuntó contra el cambio de nombre de AFIP a ARCA, al que calificó como un “capricho” del presidente Javier Milei. Según el gremialista, el presidente buscó vanagloriarse diciendo que “cerró la AFIP”, cuando en realidad el organismo sigue cumpliendo con las mismas funciones.
“El cambio de nombre no trajo ninguna mejora ni alteración en las tareas del organismo. Solo fue una maniobra simbólica para generar impacto mediático y confundir a la población”, sostuvo García Salado, quien agregó que la decisión también contribuyó a la estigmatización pública de los trabajadores, acusados de percibir sueldos exorbitantes y de perseguir contribuyentes.
