Este jueves y en el marco de una nueva sesión de la Cámara de Senadores de la provincia, se aprobó en definitiva el Proyecto de Ley en revisión, por el cual se propone garantizar la participación ciudadana en la administración de la justicia penal de la provincia.
Destacó que, en la historia de las democracias occidentales, el juicio por jurados populares tiene su larga trayectoria. “Es un instituto que históricamente ha sido incluido en nuestra primera Constitución y ha continuado su presencia en las sucesivas reformas a nivel nacional”, precisó y apuntó a que la eficiencia de este sistema a la hora de administrar justicia.
“Hemos empezado a ver un viraje constitucional (…) y las provincias han desarrollado sus propios sistemas de juicios por jurados nacionales”, continuó resaltando el trabajo en ese sentido por parte de legisladores, ejecutivos y el propio Poder Judicial.
Entre las distintas acciones de difusión del sistema, destacó el trabajo de simulacros en colegios para entenderlo y comprenderlo. Además, destacó las jornadas de difusión desde la Universidad Católica de Salta. Del mismo modo recordó la capacitación para el desarrollo de habilidades de los operadores de justicia a cargo de referentes internacionales.
Por otro lado, relató el paso por comisiones de referentes abogados, funcionarios, para el análisis de este instituto. “El resultado hasta aquí ha sido positivo, y tenemos la posibilidad de las experiencias ya vividas en otras jurisdicciones”, subrayó y ponderó su articulado consensuado.
En cuanto a su funcionamiento, Mónico Graciano señaló las similitudes con las películas: “es un sistema donde el ciudadano pasa a ser protagonista en la decisión sobre una causa judicial. En el caso de nuestra provincia, en una primera instancia van a ser los homicidios agravados como únicas figuras. Se van a elegir 12 ciudadanos a través de un proceso, sentados, viendo cómo se lleva adelante la acusación de un delito. Habrá un fiscal, una defensa y un juez que tendrá la potestad de dirigir el proceso. Será el jurado quien defina la culpabilidad o la inocencia a partir de los elementos que así lo acrediten”, puntualizó y aseveró que “fortalece la ciudadanía y sus derechos”.
Fuente :Nuevo Diario
