En una iniciativa destinada a reforzar la transparencia y la ética en la administración pública, el diputado Juan Esteban Romero presentó ante la Legislatura un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de controles antidrogas para los funcionarios políticos. La medida, de aprobarse, abarcará a integrantes del Poder Ejecutivo y Legislativo, desde el gobernador hasta subsecretarios y legisladores provinciales, además de miembros de la Policía hasta el rango de subcomisarios.
La propuesta, que tiene como objetivo garantizar que los representantes públicos carezcan de vínculos con el consumo de drogas ilegales, incluye la realización de rinoscopías y análisis bioquímicos periódicos. Estos exámenes buscarán asegurar que los funcionarios estén libres de sustancias ilegales en su organismo. Según el texto del proyecto, la detección de consumo será causal de cese inmediato para funcionarios designados y de revocación del mandato para los electos, previa aplicación de los procedimientos establecidos por la Constitución Provincial.
Los objetivos clave del proyecto son promover la ética y la transparencia en el desempeño de los cargos públicos; fortalecer la lucha contra el narcotráfico, evitando que funcionarios puedan estar vinculados al consumo de drogas; e implementar mecanismos preventivos y de control para salvaguardar la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
El autor del proyecto señaló: “Los funcionarios públicos deben ser un ejemplo para la sociedad. No podemos permitir que quienes toman decisiones en nombre del Estado estén asociados a redes delictivas y al consumo de drogas ilegales, pues esto debilita la gestión pública y alimenta actividades ilícitas”.
Objetivos clave del proyecto
1. Promover la ética y la transparencia en el desempeño de los cargos públicos.
2. Fortalecer la lucha contra el narcotráfico, evitando que funcionarios puedan estar vinculados al consumo de drogas.
3. Implementar mecanismos preventivos y de control para salvaguardar la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
El control será aplicado por el Ministerio de Salud, que se encargará de coordinar las pruebas en instituciones médicas dentro de la provincia. En caso de resultados positivos, se habilitará un derecho a contraprueba dentro de un plazo de diez días hábiles, garantizando la posibilidad de defensa bajo estrictas normas de confidencialidad. Estas pruebas incluirían rinoscopías, análisis de sangre y de orina. Según el legislador, esta medida “es una respuesta desde la política para enviar un mensaje claro: no hay lugar para el narcotráfico en la política”.
El proyecto también invita al Poder Judicial, al Ministerio Público y a los municipios de la provincia a adherirse a esta normativa.
Un precedente importante
La discusión sobre este proyecto marcará un punto clave en la agenda legislativa y podría establecer un precedente importante en materia de gobernanza ética en Salta.
Romero, en una entrevista a Radio Salta, justificó la propuesta al mencionar casos recientes que evidencian la creciente influencia del narcotráfico en distintos sectores de Salta: desde el uso de vehículos oficiales para transportar drogas hasta jueces y políticos implicados en redes delictivas. “Ya tuvimos el caso del intendente de Aguas Blancas que fue destituido. Esto es grave y nunca lo habíamos visto antes”, afirmó.
El legislador advirtió que, si no se toman medidas contundentes, Salta podría enfrentar una situación similar a la de ciudades como Juárez, en México, cooptadas por el narcotráfico.
