Superávit fiscal: ¿a qué costo?
El Gobierno acumuló en mayo un superávit financiero de $1,18 billones y uno primario del $2,3 billones, según la información brindada por el Ministerio de Economía. Se trató del quinto superávit financiero al hilo, una marca a la que no se llegaba desde 2008. Sin embargo, en el Excel no está incluida la deuda de $400.000 millones que mantiene Nación con las empresas de obra pública.
Pero en el sector no solo pesa la motosierra, también está la licuadora. La primera, por la deuda en sí. Y la segunda, también entra en juego ya que “el Estado argentino no paga intereses a la deuda, por lo tanto, si nos pagan lo que nos deben del año pasado, nos pagan cada vez menos”, explicó Weiss.
Sobre los motivos por los cuales no se le ofrece al sector un plan de pago, Weiss mencionó que cree que el Gobierno “posterga el pago porque privilegia el superávit y les viene bien porque la licuación es más grande”.
Un ajuste necesario
“Nosotros somos el sector que, fuera de los jubilados, más está sufriendo el ajuste”, aseguró Weiss, aunque previamente dijo en que el “ajuste era necesario” y “en todo caso uno después se puede discutir un poco más en detalle, si tenía que ser muy profundo o un poco menos”.
La motosierra a la obra pública significó la destrucción de unos 100.000 puestos de trabajo directos desde mediados del año pasado cuando comenzó la crisis en el sector. Esto a su vez, “podría generar una pérdida potencial de otros 100.000 empleos indirectos”, estimó Weiss. Cabe destacar, que el sector de la construcción es uno de los que más puestos de trabajo genera en la Argentina.
En ese sentido, el secretario general de la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (Uocra), Gerardo Martínez, especificó que “en lo que va del año el sector perdió unos 130 mil puestos de trabajo” y puntualizó que “eso es una consecuencia directa de la paralización de más de 3.500 obras públicas en todo el país”.
Proyecto público retomado por el privado
El presidente de la CAMARCO contó que le presentó un boceto de ley al presidente Javier Milei para que el sector privado retome proyectos de obra pública que comenzó a ejecutar el Estado y quedaron a medio camino tras la paralización del sector.
“El proyecto tiene en cuenta que un privado tome la finalización de una obra pública y creo que hay algunas cosas que son posibles”, analizó e inmediatamente, señaló que “no muchas, pero algunas como el plan Procrear sí, ya que son viviendas para clase media” y sería redituable para el privado.
“Si hay un edificio de plan procrear hecho por la mitad, con dinero del Estado, el privado puede pedirle al banco un préstamo para terminarlo y venderlo. Ese ingreso lo reparte con el Gobierno proporcionalmente”, explicó Weiss, que aseguró que hay gente interesada en terminar este tipo de obras. Ahora, el Gobierno deberá revisar la iniciativa y en caso de que le parezca positiva, la presentará en el Congreso.
