El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), incluido en la Ley Bases de Javier Milei, busca atraer proyectos de inversión superiores a los 200 millones de dólares a través de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios.
A pesar de haber logrado la aprobación en particular en Diputados, el RIGI enfrenta dificultades en el Senado, donde se le atribuye parte de la demora en la aprobación de la mega ley.
Beneficios del RIGI
El RIGI ofrece una serie de beneficios para las grandes inversiones en Argentina:
- Beneficios impositivos: Reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 25% para los Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU). Amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura. Transferencia de quebrantos impositivos no absorbidos dentro de los primeros 5 años. Devolución acelerada de saldos a favor de IVA en un plazo no mayor a tres meses. Pago del IVA a través de Certificados de Crédito Fiscal transferibles a terceros. Cómputo del 100% del impuesto sobre débitos y créditos bancarios como crédito en el Impuesto a las Ganancias.
- Beneficios aduaneros: Exención de derechos de importación para bienes de capital, repuestos, partes e insumos. Exención de derechos de exportación durante los primeros tres años para proyectos adheridos al RIGI.
- Beneficios cambiarios: Libre disponibilidad de divisas para exportaciones de manera gradual (20% el primer año, 40% el segundo y 100% a partir del tercero). Divisas para financiamiento local o externo sin restricciones.
- Estabilidad normativa: Estabilidad impositiva, aduanera y cambiaria durante 30 años. Garantía de no afectación por normativas más gravosas.
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Críticas y Polémicas
El RIGI ha generado críticas y controversias debido a:
- Competencia desleal: Posible competencia desleal con la industria local al permitir importaciones sin aranceles.
- Exclusión de PyMEs: El techo de inversión mínimo de 200 millones de dólares deja fuera a las pequeñas y medianas empresas.
- Invalidez de normativas preexistentes: El artículo 162 de la Ley Bases podría vulnerar la autonomía de provincias y municipios.
- Falta de desarrollo de proveedores locales: El régimen no prioriza el desarrollo de proveedores locales ni especifica sectores a impulsar.
