La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados realiza hoy la primera de las audiencias en las que se recibirán testimonios de jueces y funcionarios judiciales, en lo que constituye la segunda etapa de sustanciación del proceso que se lleva a cabo contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia, impulsado por el presidente Alberto Fernández y gobernadores.
La presidenta de la Comisión, la oficialista entrerriana Carolina Gaillard, convocó a la comisión para mañana a las 11, en el que será el quinto encuentro desde que se inició el proceso.
Para la jornada fueron convocados los magistrados Alejo Ramos Padilla (juez federal de La Plata) y Sebastián Ramos (juez federal de la Ciudad de Buenos Aires), quienes según fuentes del ámbito de la justicia indicaron a Télam que asistirán al Congreso.
Existía la duda en el mundillo judicial sobre el alcance de la citación: el artículo 250 del código procesal penal incluye a los funcionarios del Poder Judicial de la Nación entre quienes no están obligados a comparecer a los tribunales cuando son citados como testigos, pero el reglamento de la Comisión de Juicio Político dispone lo contrario.
“Los magistrados y funcionarios indicados en el artículo 250 del Código Procesal Penal, con excepción del presidente y vicepresidente de la Nación y los gobernadores y vicegobernadores de las provincias, estarán igualmente obligados a comparecer ante la Comisión a testimoniar“, se indica en el reglamento de la comisión, por lo que los funcionarios convocados habrían interpretado que la citación no tiene carácter de opcional.
“Los magistrados y funcionarios indicados en el artículo 250 del Código Procesal Penal, con excepción del presidente y vicepresidente de la Nación y los gobernadores y vicegobernadores de las provincias, estarán igualmente obligados a comparecer ante la Comisión a testimoniar”
La convocatoria de ambos magistrados está vinculada al capítulo judicial de la filtración de las supuestas conversaciones por chat de Telegram atribuidas a Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, y Marcelo D´Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia (en uso de licencia) de la Ciudad de Buenos Aires, en las que se referían a casos que estaban bajo estudio del máximo tribunal conocidos como “Consejo de la Magistratura” y “Coparticipación”.
El juez Sebastián Ramos fue quien archivó desde los tribunales federales de Comodoro Py, y a instancias del fiscal Carlos Stornelli, una denuncia vinculada a esos chats, bajo el argumento de que los elementos probatorios incorporados a la denuncia podrían haber sido obtenidos “mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal”.
Denuncia de Kicillof
Su colega Alejo Ramos Padilla, en tanto, intervino en una denuncia por los mismos hechos pero presentada ante el fuero federal platense por el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y sostuvo lo opuesto en relación a los supuestos indicios de espionaje ilegal.
“Tampoco han sido arrimados al expediente elementos de prueba serios y objetivos que permitan afirmar que las comunicaciones de Robles y D´Alessandro provienen de acciones de espionaje ilegal en los términos establecidos por la ley 25.520”, sostuvo Ramos Padilla cuando se declaró incompetente y envió la denuncia a Comodoro Py, a la jueza María Eugenia Capuchetti.
“No debe olvidarse que, según establece dicha norma, el delito de espionaje ilegal se configura únicamente con la intervención de un funcionario público; es decir, cuando es el Estado el que realiza o participa de algún modo en la actividad de espionaje, cuestión que, al menos de momento, no ha sido verificada”, completó.
Además, la lista aprobada por los diputados para la jornada, incluye también los nombres de Cristian Abritta, extitular de la Secretaría Judicial N°5, actualmente inexistente en el organigrama de la Corte Suprema; Sergio Rubén Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación, dependiente de la Secretaría General de Administración; Silenio Rómulo Cárdenas Ponce Ruiz, de la Secretaría Judicial N°2 Previsional; y Alejandro Daniel Rodríguez, de la Secretaría de Juicios Originarios.
Asimismo, de la vocalía de Horacio Rosatti serán llamados Roberto Miguel Ángel Saggese y Adriana Norma Valinotti; mientras que, a propuesta de la diputada de la Coalición Cívica-ARI, Paula Oliveto, se convocará a Mario Cimadevilla, exsenador y exintegrante del Consejo de la Magistratura, en el marco del pedido de juicio político que esa agrupación -integrante de Juntos por el Cambio- promueve contra el juez Ricardo Lorenzetti.
En cuanto al desarrollo de la comisión, el representante del interbloque Federal, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, (único integrante de la comisión ajeno a los 16 del FDT y a los 14 de JxC) insistió en la posibilidad de “evaluar si tiene sentido seguir estando en todas las reuniones de esa Comisión”.
El bonaerense recela de dos pedidos que el oficialismo le rechazó en las últimas dos reuniones: uno por el que solicitó aplazar el inicio de uno de los encuentros para poder interiorizarse mejor sobre los expedientes que se consideraban, y otro para que se invitara al presidente Alberto Fernández a la comisión, en su carácter de impulsor de uno de los expedientes en debate.
