Pero el segundo texto era claramente adverso para distritos que llevan adelante juicios de otra índole, con foco en Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa, que tienen fallo a favor pero no liquidación aprobada. Y para los que evalúan activarlos. Frente al malestar causado por el retoque, finalmente el Gobierno nacional accedió a volver al formato anterior, que fue puesto a consideración de los gobernadores.
Por su parte, y tras desfilar desde cerca de las 10 ante funcionarios del Ministerio del Interior, los ministros de Economía de las provincias recalaron luego en la Comisión Federal de Impuestos, donde analizaron la letra fina del reformado texto de la addenda y, en particular, el espinoso capítulo de los juicios.
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La addenda define la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2020 del diagrama de bajas de Ingresos Brutos acordado en el Consenso Fiscal sellado en noviembre de 2017 con Macri, pero además abre la puerta a potenciales subas en ese tributo y de Sellos, y a la aplicación de tributos específicos a la transferencia de combustibles, gas y energía, entre otros ejes.
La avanzada se da en sintonía con el pedido de los mandatarios de aliviar las finanzas locales frente a la caída de los ingresos por la crisis nacional.
“No es un cheque en blanco para subir nuevos impuestos, más allá de lo que cada gobernador pueda decidir”, dijo el sanjuanino Sergio Uñac, relativizando la decisión final de cada mandatario.
En los hechos, la enmienda congela por un año el diagrama de bajas de alícuotas de Ingresos Brutos por actividad, y la obligación de no incrementar la alícuota a los Sellos.
Además freeza la obligación rubricada en 2017 de “desgravar ingresos provenientes de las actividades de exportación de bienes, excepto las vinculadas con actividades mineras o hidrocarburíferas y sus servicios complementarios”, lo mismo que los provenientes de “prestaciones de servicios cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior del país”, en lo que respecta a Ingresos Brutos.
Y suspende, también por un año, la obligación de eliminar tratamientos salariales diferenciales basados en el lugar de radicación o de nacimiento. Además congela el artículo que ordenaba derogar “inmediatamente” tributos específicos que graven “la transferencia de combustible, gas, energía y servicios sanitarios”.
La enmienda además autoriza a constituir una “comisión de evaluación” del impacto de los decretos post PASO de Macri que erosionaron duramente la coparticipación, al subir el piso de Ganancias y al eliminar el IVA a los alimentos de la canasta básica.
Pero ata a ello la suspensión por un año de los juicios iniciados por las provincias en agosto pasado para exigir una compensación por las pérdidas en las remesas, y prohibe iniciar una demanda a los distritos que aún no judicializaron el conflicto.
En cambio, finalmente no fue parte de la addenda un punto que circuló originariamente en el primer boceto, y que abría la puerta a discutir una potencial reducción en las remesas de coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires, tras el incremento por decreto que Macri le otorgó al reelecto Horacio Rodríguez Larreta (Juntos por el Cambio) en 2016.
Allí se generaba la posibilidad de “evaluar la reducción del porcentaje de participación” de la Ciudad de Buenos Aires en el reparto de coparticipación para “mantenerla en condiciones de igualdad con el resto de las jurisdicciones” frente a los compromisos asumidos en aquel entendimiento con Macri de 2017, y en su modificación de septiembre de 2018.
Esa potencial cláusula estaba en sintonía con un planteo que creció con insistencia en las últimas semanas desde filas del peronismo nacional, con Cristina de Kirchner como una de las voceras más resonantes. Pero terminó por no integrar el texto final, un día después de la reunión que el ministro del Interior, Wado de Pedro, mantuvo en la Casa Rosada con Rodríguez Larreta.
