El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) formuló cargos contra la empresa Edenor por $20 millones por no informar los eventos que derivaron en los cortes del suministro eléctrico a 2,3 millones de usuarios los días 11, 14 y 15 de enero, mientras más de veinte organizaciones de la sociedad civil y gremiales realizaron este martes una protesta frente a las oficinas de Edesur por la deficiencia en la prestación del servicio.
Por la resolución 7, el ENRE formuló cargos contra la concesionaria Edenor ya que “la empresa no informó los eventos ocurridos los días 11, 14 y 15 de enero del corriente, que derivaron en la afectación del suministro eléctrico para aproximadamente 2.300.000 usuarios y usuarias”.
En función del informe técnico, el ENRE determinó que “corresponde iniciar un sumario administrativo y formular cargos a Edenor por incumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad pública, a fin de determinar su responsabilidad ante posibles sanciones”.
Mientras tanto, más de 20 organizaciones gremiales y de la sociedad civil se concentraron este martes frente a las oficinas de Edesur en la Ciudad de Buenos Aires para reclamar la revisión del contrato de concesión y la estatización del servicio.
Bajo la consigna “Basta de Edesur y Edenor”, las organizaciones denunciaron una prestación del servicio “negligente”, que “no respeta los derechos de los y las vecinas”.
Mauro Stefanizzi, presidente de Asociación Argentina de Electrodependientes (AAdED), instó a la sociedad y las distintas agrupaciones a “tomar conciencia” y poner en agenda el reclamo, y anticipó que durante los próximos meses llevarán adelante diferentes actividades que concluirán en mayo con una audiencia nacional.
Por su parte, Magalí Zirulnikoff, del Observatorio del Derecho a la Ciudad y la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria, manifestó su rechazo a “estas empresas privatizadas que vienen lucrando con la necesidad de la gente, dejando personas en situación de total vulnerabilidad”.
El proceso de privatización del servicio eléctrico para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano se inició en 1992 por decisión del entonces presidente Carlos Saúl Menem y el traspaso a tres empresas privadas de todas las tareas de generación, distribución y comercialización que hasta entonces desarrollaba la estatal Segba, devino en su disolución.
“Deberían comprometerse a dar un servicio público de calidad”, dijo Zirulnikoff, y añadió que dado que “no lo hacen”, el Estado “debería brindarlo, por lo que pedimos que se le quite la concesión después de 30 años de incumplimiento”.
En tanto, María Rosa Surita, coordinadora de la Red Nacional de Multisectoriales, señaló que ante la “vulneración de un derecho humano como es la luz”, las empresas Edesur y Edenor “responden pidiendo un aumento de tarifas”.
“Lo que quieren es que se regule de otra manera para poder aumentar como quieren, como hicieron durante la etapa del neoliberalismo más salvaje que fue el macrismo”, resaltó la referente.
Acompañados de carteles de “Estatización ya”, “Basta de cortes de luz” y “Sin luz no hay vida, no los apaguen”, las organizaciones reclamaron por las “personas más vulnerables” ante los cortes de luz y agua, como son los adultos mayores, las personas con discapacidad, y especialmente las personas electrodependientes.
“Hoy venimos a exigir basta de cortes y que hagan las inversiones que desde hace años tienen que hacer”, expresó Marcela Gómez, secretaria de AAdED y madre de Lautaro, un niño electrodependiente de 11 años.
En diálogo con Télam, Gómez expresó que “cuando se corta la luz, se apaga el respirador y dejan de vivir nuestros hijos. No es una metáfora, es la pura realidad”.
En el marco de la Ley 27.351 de Electrodependientes, sancionada en 2017, desde la asociación pidieron que las empresas “respeten los derechos” y que “se hagan cargo de sus responsabilidades y de dar respuesta a sus fallas”.
En ese sentido, denunciaron que aún “no avanza” la celeridad con la que Edesur atiende los reclamos ante cortes de luz, como así tampoco la entrega de los grupos electrógenos y las fuentes alternativas a las familias.
“Este fin de semana tuvimos más de 150 reclamos de familias, buscando casas donde tengan luz para poder enchufar los respiradores, mientras que desde la empresa los mandaban a comprar grupos electrógenos, asegurando que después les reintegrarían el dinero. Es una falta de respeto”, aseguró la referente.
Según el Registro de Electrodependientes (RECS) del Ministerio de Salud, en el país hay 15.000 anotados, pero estiman que “son muchos más”, ya que la pandemia “dejó muchas personas electrodependientes”.
Por su parte, las organizaciones sociales, gremiales y los funcionarios del Frente de Todos de Lomas de Zamora allí presentes denunciaron la “precarización de los y las trabajadoras de Edesur, que redujo la planta a la mitad y persigue a sus trabajadores”.
Organizaciones feministas también se sumaron al reclamo y exigieron “al gobierno nacional el retiro de las concesiones a las empresas generadoras y distribuidoras de energía eléctrica”.
