La fintech de Marcos Galperin lanzó su propio Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el mecanismo creado por la reforma laboral que permitirá a las empresas financiar futuras indemnizaciones con aportes patronales mensuales que antes iban a la ANSES.
La reforma laboral n° 27.802, impulsada por Milei comienza a traducirse en nuevos negocios para el sector financiero y el fundador de Mercado Pago no quiso quedarse afuera. La plataforma fundada por Marcos Galperin anunció que ofrecerá a las empresas la posibilidad de administrar desde su propia aplicación los recursos del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el mecanismo incorporado por el Gobierno para modificar el financiamiento de las indemnizaciones por despido. La iniciativa permitirá a la compañía participar de la administración de los aportes obligatorios que deberán realizar los empleadores y convertir una parte de las contribuciones patronales, que antes iban a financiar la ANSES, en recursos invertidos en el mercado financiero.
El lanzamiento de MP FAL se produce a pocas semanas de la entrada en vigencia del régimen, prevista para el 1° de diciembre de 2026, según informó ARCA. Las empresas alcanzadas deberán elegir una entidad habilitada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) para administrar sus fondos y tendrán la posibilidad de hacerlo a través de Mercado Pago, que promociona una adhesión gratuita y una comisión de administración del 0% durante el primer año. Después de ese período, el reglamento establece un límite anual de hasta el 1% sobre los activos administrados.
El movimiento de la empresa de Galperin no constituye solamente la incorporación de un nuevo servicio para sus clientes comerciales. También representa la participación de una de las principales compañías financieras digitales del país en un esquema que cambia la forma de afrontar los despidos, al establecer que una parte de los recursos que anteriormente se destinaban al sistema previsional sea derivada a fondos administrados por entidades privadas. Aunque el dinero continúa siendo responsabilidad del empleador y no se transforma en una cuenta personal del trabajador, la reforma habilita la creación de un circuito de administración e inversión financiera alrededor de las futuras indemnizaciones.
El origen del FAL
Según la ley de reforma laboral, Los aportes al FAL no salen directamente del salario de los trabajadores, sino de las contribuciones patronales. Sin embargo, la discusión excede quién realiza formalmente el desembolso, porque el cambio en la distribución de esos recursos puede tener consecuencias sobre el financiamiento de la seguridad social y sobre los incentivos económicos que enfrentan las empresas al momento de decidir una desvinculación.
La incorporación del fondo fue uno de los puntos centrales de la reforma laboral aprobada por el Congreso. En la votación en Diputados, el artículo correspondiente obtuvo 130 votos afirmativos, 117 negativos y tres abstenciones. El oficialismo consiguió así avanzar con una modificación que, aunque mantiene formalmente la obligación de pagar indemnizaciones, introduce un sistema de financiamiento anticipado que modifica la relación entre el costo del despido y las decisiones empresariales.
La propuesta comercial de Mercado Pago apunta a captar a los empleadores que deberán incorporarse al régimen. Según la información publicada por la compañía, la adhesión podrá realizarse de manera completamente digital desde la cuenta de la plataforma. Una vez seleccionada la administradora, la empresa recibirá un identificador denominado ID FAL, que deberá validar ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para que los aportes sean derivados correctamente.
El producto será administrado por Mercado Pago Asset Management S.A., la sociedad gerente de fondos comunes de inversión de la compañía, mientras que la custodia de los activos estará a cargo de Banco Industrial S.A. El fondo quedó inscripto ante la CNV bajo el nombre MP FAL – Fondo de Asistencia Laboral y tiene como objetivo administrar e invertir los recursos aportados por los empleadores para afrontar las obligaciones derivadas de las desvinculaciones laborales..
La empresa ofrece una bonificación inicial para atraer clientes en un mercado en el que competirán bancos, sociedades de bolsa y otras entidades financieras habilitadas. La gratuidad del primer año funciona como una estrategia comercial para captar una porción de los recursos que, por disposición legal, deberán ingresar obligatoriamente al sistema. El reglamento de gestión establece que la comisión anual máxima para la administración del fondo será del 1% sobre el total de los activos, con el Impuesto al Valor Agregado incluido.
Ese límite comprende las remuneraciones de la sociedad gerente, la depositaria y los demás participantes necesarios para el funcionamiento del vehículo. Sin embargo, el documento contempla algunos gastos que quedan por fuera del tope, entre ellos los costos de transacción, las tasas de fiscalización de la CNV y determinadas erogaciones extraordinarias. La posibilidad de obtener ingresos por la administración de esos recursos constituye uno de los aspectos económicos centrales del nuevo régimen. A medida que las empresas acumulen aportes mensuales, las entidades financieras podrán gestionar carteras de inversión cuyo patrimonio estará afectado específicamente al pago de obligaciones laborales. La rentabilidad potencial de esos activos y las comisiones por administración abren un mercado que hasta ahora no existía bajo esta modalidad.
La reforma habilita la participación de distintas entidades autorizadas por la CNV, por lo que las compañías podrán elegir quién administrará sus respectivas cuentas. Si el empleador no realiza una selección, la normativa contempla la asignación de oficio de una entidad administradora. Uno de los cambios que se produjeron durante la implementación del régimen fue la determinación de los porcentajes que deberán derivarse al FAL. Mientras que el proyecto original contemplaba una contribución del 3% sobre las remuneraciones, el esquema reglamentado establece porcentajes diferenciados según el tipo de empleador.
Las micro, pequeñas y medianas empresas que cuenten con certificado MiPyME vigente, junto con las entidades sin fines de lucro que cumplan los requisitos establecidos, deberán destinar el 2,5% de la base correspondiente. Para el resto de los empleadores privados, el porcentaje será del 1%. La diferencia es relevante porque los recursos que ingresarán al fondo no constituyen un aporte adicional que se descuente directamente del sueldo del trabajador, sino una porción de las contribuciones patronales que se derivarán a este nuevo destino. En otras palabras, el empleador seguirá realizando sus pagos mediante los mecanismos habituales de la seguridad social, pero una parte de esos recursos tendrá un destino distinto al que tenía anteriormente.
El régimen alcanza a los empleadores privados con trabajadores registrados comprendidos en la normativa, con exclusiones para determinados sectores que cuentan con sistemas específicos, como la construcción y el personal de casas particulares, además del empleo público. La primera contribución corresponderá a las remuneraciones devengadas en diciembre de 2026, que se abonarán en enero de 2027. Antes del 1° de diciembre, las empresas deberán seleccionar la entidad que administrará sus recursos y completar el procedimiento de validación correspondiente ante ARCA.
La diferencia entre el proyecto original y el esquema finalmente reglamentado también obliga a revisar las primeras estimaciones sobre el impacto del FAL. El porcentaje del 3% que figuraba en las versiones iniciales no es el que se aplicará de manera general. La distribución definitiva entre el 1% y el 2,5% modifica el volumen de recursos que recibirá cada fondo y, al mismo tiempo, el monto que dejará de ingresar al circuito previsional por esta vía. Uno de los puntos más importantes del reglamento de MP FAL es la forma en que se organizan los recursos. Aunque cada empleador tendrá una cuenta individual dentro del fondo, el dinero no estará dividido ni identificado por trabajador. La cuenta corresponderá a la empresa y funcionará como respaldo para afrontar las obligaciones laborales que surjan de eventuales desvinculaciones.
El documento establece que cada cuenta tendrá carácter de patrimonio separado, inembargable e inajenable, con registros de las contribuciones obligatorias, los rendimientos obtenidos por las inversiones, los retiros realizados y los gastos de administración. De esta manera, el sistema permite seguir la evolución de los recursos correspondientes a cada empleador, pero no constituye un ahorro personal de cada trabajador ni le otorga la titularidad sobre una parte determinada del fondo.
Esta característica es central para comprender la modificación que introduce la reforma. El trabajador no podrá decidir qué hacer con esos recursos, retirarlos ni trasladarlos a una cuenta propia cuando cambie de empleo. El dinero queda afectado exclusivamente al cumplimiento de las obligaciones previstas por la ley y es administrado por la entidad seleccionada por el empleador. El reglamento también establece que los recursos podrán utilizarse únicamente para los pagos contemplados en el artículo 58 de la Ley de Modernización Laboral. No se admiten rescates para otros fines ni retiros ordinarios de las cuotapartes. El empleador podrá solicitar el uso de los fondos cuando se produzca una desvinculación comprendida en el régimen y se cumplan los requisitos correspondientes.
Para que el FAL pueda utilizarse, la relación laboral deberá haber estado registrada y declarada durante al menos 12 meses antes de la extinción del vínculo. En los casos de registración deficiente, los recursos solamente podrán aplicarse a la proporción de las obligaciones que corresponda a los datos efectivamente declarados. El reglamento excluye expresamente la cobertura de trabajadores no registrados. Esto introduce una limitación que puede tener consecuencias concretas en situaciones de informalidad laboral. Si una empresa mantiene trabajadores sin registrar o declara salarios inferiores a los efectivamente abonados, el fondo no cubrirá las obligaciones correspondientes a la parte no declarada. La responsabilidad por el pago completo continuará recayendo sobre el empleador, pero el mecanismo financiero no funcionará como respaldo para esas situaciones.
El documento establece que cada cuenta tendrá carácter de patrimonio separado, inembargable e inajenable, con registros de las contribuciones obligatorias, los rendimientos obtenidos por las inversiones, los retiros realizados y los gastos de administración. De esta manera, el sistema permite seguir la evolución de los recursos correspondientes a cada empleador, pero no constituye un ahorro personal de cada trabajador ni le otorga la titularidad sobre una parte determinada del fondo.
Esta característica es central para comprender la modificación que introduce la reforma. El trabajador no podrá decidir qué hacer con esos recursos, retirarlos ni trasladarlos a una cuenta propia cuando cambie de empleo. El dinero queda afectado exclusivamente al cumplimiento de las obligaciones previstas por la ley y es administrado por la entidad seleccionada por el empleador. El reglamento también establece que los recursos podrán utilizarse únicamente para los pagos contemplados en el artículo 58 de la Ley de Modernización Laboral. No se admiten rescates para otros fines ni retiros ordinarios de las cuotapartes. El empleador podrá solicitar el uso de los fondos cuando se produzca una desvinculación comprendida en el régimen y se cumplan los requisitos correspondientes.
Para que el FAL pueda utilizarse, la relación laboral deberá haber estado registrada y declarada durante al menos 12 meses antes de la extinción del vínculo. En los casos de registración deficiente, los recursos solamente podrán aplicarse a la proporción de las obligaciones que corresponda a los datos efectivamente declarados. El reglamento excluye expresamente la cobertura de trabajadores no registrados. Esto introduce una limitación que puede tener consecuencias concretas en situaciones de informalidad laboral. Si una empresa mantiene trabajadores sin registrar o declara salarios inferiores a los efectivamente abonados, el fondo no cubrirá las obligaciones correspondientes a la parte no declarada. La responsabilidad por el pago completo continuará recayendo sobre el empleador, pero el mecanismo financiero no funcionará como respaldo para esas situaciones.
Entre las inversiones habilitadas aparecen títulos de deuda del Estado nacional, bonos emitidos por provincias y la Ciudad de Buenos Aires, depósitos a plazo fijo y obligaciones negociables de empresas privadas. Los instrumentos deberán cumplir con los requisitos de autorización y calificación establecidos por el Ministerio de Economía y la CNV.
La cartera estará restringida a activos emitidos y negociados en la Argentina, integrados y pagaderos en pesos. No se permitirá invertir en instrumentos cuyo activo subyacente se encuentre emitido o negociado en el exterior. Además, el reglamento fija límites para evitar una concentración excesiva en determinados emisores y establece que al menos el 10% del patrimonio deberá mantenerse en activos de alta liquidez y bajo riesgo de mercado.
Sin embargo, la existencia de esas restricciones no implica que el capital esté garantizado. El propio documento de Mercado Pago advierte que el valor de las cuotapartes puede fluctuar por las condiciones del mercado y que esas variaciones pueden provocar pérdidas sobre el capital invertido. En el apartado dedicado a los riesgos de inversión, la sociedad gerente aclara que ni ella ni el Banco Industrial garantizan la rentabilidad de los activos, la solvencia de sus emisores o la existencia de un mercado líquido para venderlos. También especifica que las inversiones en el fondo no constituyen depósitos bancarios y que, por lo tanto, no cuentan con las garantías correspondientes a ese tipo de colocaciones.
