Este lunes inicia el tratamiento en la Comisión de Tránsito del proyecto de ordenanza que busca regular la actividad de las aplicaciones de transporte en el municipio.
El proyecto reconoce el avance de las tecnologías digitales en la movilidad urbana y sostiene que la ciudad de Salta no puede permanecer ajena a estos cambios. Según la exposición de motivos, la regulación permitirá sacar a este sistema de la clandestinidad y brindar una alternativa segura y regulada a los ciudadanos.
Entre los principales puntos de la ordenanza, se establece que el servicio de transporte a través de aplicaciones digitales sea considerado de interés público y quede bajo la regulación municipal. También busca garantizar la seguridad, calidad y eficiencia del servicio, promoviendo una competencia equitativa con los taxis y remises.
El texto detalla los requisitos que deben cumplir los conductores para obtener la habilitación, entre ellos, ser propietarios o estar autorizados para el uso del vehículo, contar con licencia profesional vigente, realizar una inspección ocular del rodado y presentar certificados de antecedentes penales. Además, se exige la contratación de un seguro contra todo riesgo que cubra a pasajeros y terceros.
Las plataformas digitales también tendrán obligaciones, como la obtención de una habilitación municipal, la radicación de una oficina de gestión comercial en la ciudad y el cumplimiento de las normativas fiscales locales. Asimismo, deberán ofrecer un “botón de pánico” y la opción de compartir la ubicación en tiempo real para reforzar la seguridad de los usuarios.
Otro aspecto relevante es que los vehículos destinados a este servicio no podrán superar los diez años de antigüedad y deberán cumplir con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). Además, se prohíbe la toma de viajes fuera de la plataforma digital y la oferta pública del servicio en la vía pública.
Antecedentes
Previo al envío del proyecto por parte del Ejecutivo Municipal, cabe recordar que el concejal opositor Gonzalo Nieva, presidente de la Comisión de Transporte, presentó el año pasado un proyecto a tales fines, y que se espera sea complemento y pueda enriquecer la norma.
Entre los puntos destacados del proyecto se encuentra la creación de un marco regulatorio que otorga a la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) la responsabilidad de supervisar, fiscalizar y controlar el cumplimiento de las normas. Las plataformas digitales deberán garantizar que los conductores y vehículos cumplan con los requisitos legales y ofrecer información relevante sobre su actividad. Además, se establecen obligaciones tanto para las plataformas como para los conductores, como la necesidad de mantener los vehículos en buen estado, contar con seguros adecuados y cumplir con la normativa fiscal.
El proyecto también contempla la creación de un Fondo Público para la Movilidad Urbana, con un aporte del 1.5% del valor de la comisión de cada viaje realizado, destinado a mejorar la infraestructura vial y promover la sostenibilidad del transporte. Asimismo, se prevé un régimen de sanciones para quienes no cumplan con las disposiciones establecidas. Además, se propone la interoperabilidad entre los taxis y remises tradicionales y las plataformas digitales, buscando una integración más fluida del sistema de transporte en la ciudad.
La AMT será la encargada de coordinar el seguimiento y evaluación de esta nueva modalidad de transporte, informando trimestralmente al Concejo Deliberante sobre su impacto.
Lo que viene en el Concejo
Tal como lo adelantó Nuevo Diario el año pasado, este será, sin dudas, uno de los debates más intensos en el Concejo Deliberante, ya que el proyecto implica un reordenamiento del sistema de transporte en la ciudad y enfrenta la oposición de algunos sectores del gremio de taxis y remises. Estos últimos exigen condiciones de competencia equitativas y han manifestado su postura en reiteradas protestas. Frente a esto, desde la comuna fueron tajantes al afirmar que no cederán ante “extorsiones”.
No obstante, se espera que, en este contexto, se genere un espacio para escuchar al sector de los trabajadores y dueños del transporte impropio, con el objetivo de alcanzar un amplio acuerdo en la elaboración de la normativa.
Por otro lado, los impulsores de la regulación, tanto en la actualidad como quienes presentaron el primer proyecto, sostienen que esta medida permitirá generar empleo, ampliar las opciones para los usuarios y modernizar el sistema de movilidad urbana.
