Mientras en Buenos Aires la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Apinta) se movilizarán a la sede del INTA de calle Rivadavia, en Salta habrá asambleas de trabajadores para expresar su “repudio” contra el llamado plan de “modernización” del organismo que impulsa el gobierno nacional.
Los anuncios oficiales señalan un importante recorte de la planta de trabajadores, la venta de inmuebles y campos, así como la discontinuidad de proyectos de investigación científica y experimentación.
Cabe recordar que en Salta el Gobierno provincial acordó con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para la cesión de tierras del organismo ubicadas en la estación experimental de Cerrillos, para avanzar en la ejecución de nuevos proyectos urbanísticos a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).
Los trabajadores se concentrarán este jueves 28 de noviembre a las 10:00 en la intersección de avenida Rivadavia y Sáenz Peña, en la ciudad de Buenos Aires, en el marco de la reunión del Consejo Directivo Nacional del INTA, el órgano que toma las decisiones del instituto está integrado por diez personas: cuatro representantes de las entidades gremiales del agro (CRA, Coninagro, Federación Agraria y Sociedad Rural Argentina), dos de las Facultades de Agronomía y Veterinaria, uno de Aacrea y tres del INTA, su presidente, su vicepresidente y un vocal. Allí, definirán si acompañan al Gobierno de Javier Milei en su plan de ajuste. Consultada por Nuevo Diario, Virginia Navamuel, secretaria general seccional Salta de APINTA, informó que cerca de 200 trabajadores estarán de asamblea para acompañar los reclamos que se realizarán en Buenos Aires.
Según Navamuel, las declaraciones han generado confusión, especialmente en torno a la utilización de tierras y la situación laboral de los trabajadores del organismo.
“Desde hace tiempo venimos defendiendo las tierras del INTA frente a los intentos de expropiación. Sabemos que el acceso a la vivienda es importante, pero no se puede relegar la función esencial del INTA en investigación, ciencia y técnica, que impulsa el desarrollo provincial y nacional”, afirmó. Navamuel recordó que en Salta se evitó la expropiación de 500 hectáreas y que actualmente está en debate el destino de 41 hectáreas vinculadas al Instituto de Tecnología Biológica (ITB). “Son tierras que han sido utilizadas para investigación, aunque el gobierno insiste en que no estaban en uso”, explicó.
Ingreso por concursos
En cuanto a los anuncios de ajuste, Victoria Navamuel destacó que el INTA, una institución federal con más de 67 años de trayectoria, enfrenta la amenaza de despidos masivos y precarización laboral.
“Hay casi 500 trabajadores en todo el país en riesgo de perder su empleo. El plan de ajuste propuesto implicaría cesantías desde enero, lo que es inaceptable”, alertó.
En Salta, el INTA cuenta con aproximadamente 200 empleados distribuidos en diversas localidades, como Cerrillos, Cachi, San Carlos y Coronel Moldes, y otros municipios de los cuales un grupo se encuentra bajo planta transitoria. “Venimos solicitando el pase a planta permanente para garantizar la estabilidad laboral de nuestros compañeros”, añadió.
Navamuel también subrayó que los trabajadores del INTA ingresan por concurso público y no por afinidad política, rechazando las declaraciones que indican lo contrario.
Remarcó que desde hace un tiempo reclaman por la autarquía del organismo.
