El principio fundamental de la democracia, en su moderna versión constitucionalista-liberal es el de soberanía del pueblo. Este fundamento se sustenta en su carácter de legitimidad “total, universal y original”.
Total, es decir que no se compone con otro u otros principios. Universal, pues no admite, la legitimidad de otras formas históricas, pasadas o contemporáneas, que se aparten del modelo democrático representativo del constitucionalismo liberal. Original, pues es irreductible a los parámetros clásicos.
Entonces, para que haya legitimidad es necesario que el gobierno y las leyes sean producto de la voluntad general. Voluntad general como resultado del consenso de todos los intereses orientada al bien común. Bien común como el punto que sintetiza ese consenso.
La Voluntad general, además, implica colectivización y valorización de los integrantes de una comunidad lo cual obliga a pensar en los demás.
Por otro lado, el contrato social no solo es un proyecto político, sino que además es un proyecto moral, que entiende de que solo a través de la virtud (humildad, templanza, generosidad, caridad, justicia, fortaleza, responsabilidad, paciencia, solidaridad, etc.) de sus ciudadanos se puede alcanzar la virtud de la sociedad.
La voluntad del pueblo es la única ley y obliga a todos a ser soberanos pues de ellos surgen las leyes, y también súbditos pues tienen la obligación de cumplirla, sin olvidar que la soberanía es inalienable – no se puede enajenar-, e indivisible -no se puede partir-.
Por todo lo antes dicho, tanto gobernantes como legisladores, deben mostrar empatía y solidaridad con el otro, y estar dispuesto a renunciar a sus pasiones, deseos y ambiciones en pos de la justicia, la igualdad y el bien común.
En Salta, nuestra democracia, sistemáticamente ha ido sufriendo la perdida de legitimidad a lo largo de los años y estos son algunas causales.
• Omitir la participación y el voto de los afiliados para nominar a los candidatos a cargos partidarios y electivos.
• La Plutocracia, o sea el poder del dinero, que garantiza ser candidato en primer término sin importar si es o no representante del pueblo.
• Los amiguismos y/o conocidos, y/o parientes; que por ser tales, son candidatos seguros.
• El voto electrónico fraudulento y manipulable enteramente
• Una “justicia electoral” adicta al poder de turno que avala todo cuanto ayude a conservar la posibilidad de seguir siendo elegido, sin importar la legalidad y legitimidad de las normas.
Entonces aquellos que han sido electos, como resultado de cualquiera de estos vicios de la democracia, de ninguna manera representan a la voluntad popular, tampoco están obligados a rendir cuentas de sus actos (principal antídoto para prevenir la corrupción), mucho menos a buscar el bien común, sino, solamente aprovechar la situación lograda, para conservar y acrecentar sus condiciones de poder.
Carecen de legitimidad, ya que desnaturalizan totalmente el origen del contrato social y el espíritu del Art. 38 de la C.N., de los partidos políticos, su funcionamiento democrático, la representación de las minorías, la competencia para la postulación a cargos públicos electivos, etc.; provocando un enorme daño a la praxis democrática, el vaciamiento ideológico, la anulación total de la dinámica partidaria, el debate y principalmente la formación de cuadros políticos que sepan defender los intereses colectivos de sus afiliados.
Finalmente, para reconstruir la democracia es necesario, erradicar estos vicios, y reemplazarlos por nuevas herramientas de participación y de inclusión, que apunten a refundar las instituciones democráticas y devolverles su papel de órganos del pueblo, canales para la formación integral de la voluntad popular, con eficiencia, honestidad, transparencia y con recambio en la conducción de los mismos.
