El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), donde recientemente nombraron al secretario de Derechos Humanos de Mauricio Macri, Claudio Avruj, estarían dentro de la lista de eliminados, según una nota de Infobae. El artículo fue avalado por el propio Milei, a través de un retuit en su cuenta de X.
Los fundamentos no se oficializaron, pero girarán en torno a la idea de que no tienen un fin necesario para la función pública, o que fueron usadas de manera irregular durante la administración kirchnerista para desviar fondos públicos. En lugar de sanearlas, el Gobierno se dispone a suprimirlas
El resto de los organismos se mantuvieron en reserva, por ahora. Pero en el organigrama del Estado operan también el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES); el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional de la Música (INAMU); el Instituto Nacional del Teatro (INT) -en Cultura-; Casa Patria Grande Presidente Néstor Kirchner; el Instituto Nacional “J. D. Perón” de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas -en Capital Humano- entre varios otros cuya existencia fue cuestionada.
Golpe al cine nacional
El gobierno de Javier Milei publicó en el Boletín Oficial el Decreto 662/2024, una reestructuración del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) que impactará en los subsidios del organismo y en la cuota de pantalla de películas nacionales en las salas habilitadas para proyecciones en el país. Es decir, la cantidad mínima de películas argentinas que se deben exhibir en las salas de cine del país.
En relación a los subsidios, el decreto establece que el INCAA tendrá en cuenta que el aspirante “haya presentado un plan completo de producción, indicando costos asociados, valores directos e indirectos, como asimismo un exhaustivo plan de trabajo detallando cada hito del proceso hasta su conclusión”.
Desde la Asociación General de Directores Autores Cinematográficos y Audiovisuales analizan la posibilidad de judicializar el decreto, ya que “desnaturaliza por completo el objeto y espíritu de la ley.”
