La investigación de CARBAP
Según la entidad, el trabajo presentado y sobre el cual se basa la denuncia, se centró en analizar el comportamiento de los mercados internacionales y local, comparando la evolución de los precios FOB y FAS. También se evaluó el impacto de los derechos de exportación en el comportamiento de los mercados y los distintos tipos de cambio aplicados en las operaciones de venta de granos. De este trabajo, surge la premisa desde la entidad que representa a los productores de que hubo un “aprovechamiento” de parte de las exportadoras. Concretamente, CARBAP advirtió “conductas anticompetitivas y presuntos comportamientos abusivos que afectan a nuestros productores”.
Consultados acerca de esta situación, desde la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) afirmaron a Ámbito que “tras recibir desde la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, una presentación de CARBAP que, en agosto de 2023, había cuestionado las medidas del anterior gobierno sobre dólar agro, así como las operaciones de compra de los exportadores de trigo, soja, maíz y girasol, y sus subproductos, durante los años 2020 a 2022 inclusive: coincidimos, como dijimos todo el año pasado, que esas medidas eran dañinas, que generaban distorsiones en el mercado y que el camino es y era la unificación cambiaría y la eliminación de todo tipo de intervencionismo estatal en el mercado. De hecho, insistimos que aún tenemos un dólar exportador que debería eliminarse.
Sin embargo, no compartimos la propuesta de CARBAP, contenida en la presentación aludida, consistente en incrementar -aún más- la intervención estatal en el mercado de granos, particularmente sobre los precios y las operaciones de exportación. Resultan infundadas, asimismo, las elucubraciones relativas a la existencia de algún tipo de cartelización en el sector exportador. Todas situaciones que, vale destacar, ya han sido cuestionadas ante la Comisión”.
Inmobiliario rural
Otro de los temas que más se cuestionó en los últimos días por parte de varias asociaciones rurales de la provincia de Buenos Aires, fue el de los incrementos “desmedidos” en el impuesto inmobiliario rural.
Según fuentes cercanas al gobierno provincial a las que Ámbito tuvo acceso, “el inmobiliario rural tuvo una modificación en los topes de acuerdo a la base imponible de hasta el 200% y quedaron fuera del tope las propiedades con base imponible superior a $198.940.000 para el valor tierra, es decir sólo el 0,71 % del total de los campos registrados.
Es decir que cerca del 99 % de los propietarios rurales habrán recibido incrementos en el impuesto emitido por debajo de la inflación que fue de 276%.
