Las distribuidoras Edenor y Edesur pidieron este lunes un incremento tarifario que permita hacer frente a los costos operativos en el curso de 2023, aunque no dieron precisiones sobre los porcentajes de aumento en las facturas.
El cruce de posturas tuvo lugar durante el desarrollo de la audiencia pública virtual convocada por el organismo regulador para analizar la “adecuación transitoria de tarifas de distribución de energía eléctrica”, dónde los representantes de las empresas no precisaron un porcentaje de incremento determinado, sino que plantearon que el ajuste debe ser “el necesario para hacer frente a los costos de operación”.
En ese sentido, Federico Méndez, de Edenor, señaló que si se aplican los ajustes tarifarios solicitados “el 80% de los usuarios residenciales” del área de cobertura de la compañía pasará a pagar una factura promedio de $ 2.757 mensuales, nivel necesario para hacer frente a un déficit operativo que, de no mediar incrementos, llegaría en todo el año a $ 205.760 millones.
Jorge Lemos, de Edesur, no dio ejemplos sobre valores promedio de facturas, pero advirtió que el déficit operativo de la firma sería de $118.600 millones si no hubiese ajuste tarifario.
Ambos representantes destacaron que las tarifas resultantes de los aumentos requeridos seguirían estando “muy por debajo” de los servicios de televisión por cable, internet o telefonía celular.
La posición del ENRE
En la apertura de la audiencia, Martello, advirtió a las concesionarias que “no van a obtener la tarifa que piden” sino “la tarifa que los usuarios puedan pagar” y puntualizó que “el Estado no puede ni debe renunciar a su poder tarifario”, además de señalar que “la focalización de subsidios es una tarea que le lleva ingentes esfuerzos al Estado en tiempo y recursos”.
“A las empresas distribuidoras les decimos lo mismo que en la audiencia anterior le dijimos a las transportadoras: no van a obtener la tarifa que piden, van a obtener la tarifa que los usuarios puedan pagar”, subrayó.
Por otra parte, Martello indicó que en el ENRE se evalúa “la necesidad de convocar a una nueva audiencia en el cuarto trimestre de este año” y remarcó que el interés del organismo y del Gobierno en general es que “las tarifas sean asequibles a los usuarios”.
“Lo bizarro es pretender tarifas del primer mundo ofreciendo servicios del tercer mundo”, manifestó, en referencia a las declaraciones del CEO de Enel, Francesco Starace, quien en una disertación en la Escuela de Negocios de Harvard había asegurado que la Argentina “tiene la regulación más bizarra del mundo”.
En respuesta a Starace, Martello sostuvo que “quienes critican nuestra gestión regulatoria deben reflexionar y no hacer abuso de su posición dominante del mercado”.
“Resulta bizarro no poder gestionar un negocio en un mercado no competitivo y con usuarios cautivos”, señaló Martello para agregar que “si las pésimas calidades de servicio se producirían en un mercado competitivo, el operador del servicio deficiente se quedaría sin ningún cliente”.
Méndez indicó que en la actualidad la tarifa de Edenor se compone de un 56% de Generación, 20% de Distribución, 1% de Transporte y 23% de Impuestos, pero que hace cinco años la distribución contaba con una participación del 33% y la generación del 42%.
Esa diferencia, aseguró, obedeció a que “todo el incremento de la factura derivada de la segmentación tuvo como destino a la etapa de generación y a las petroleras”, de manera tal que en la actualidad “de cada mil pesos que se pagan de una factura, a Edenor solo le quedan 200 y es el único ingreso que recibe para sueldos material e inversiones”.
Por su parte, Lemos hizo referencia a un documento de la Secretaría de Energía en el que se reconoce que la resolución de la cuestión tarifaria es “imperante” y señaló que, del total de la tarifa final del servicio, a la compañía le corresponde el 17%, en tanto el 58% se va en la atención del costo de energía y el 25% en impuestos.
Martello reivindicó el régimen sancionatorio vigente en el país y señaló que no posee un carácter represivo sino una naturaleza contractual y un propósito reparador y retributivo.
“El objeto de las sanciones contenidas en los contratos de concesión y en la Ley Nº 24.065 no pretende ser un castigo, sino incentivar a la concesionaria para que cumpla los niveles de inversión que aseguren la calidad y eficiencia de la prestación del servicio brindado”, explicó.
Asimismo, indicó que “cuando se produce un corte de luz no solo se ve afectada la calidad técnica del servicio, sino también la seguridad, la salud y la economía de la población, en síntesis, la calidad de vida”, además de que los usuarios se sienten “emocionalmente estafados”.
En ese sentido, remarcó que como condición de la adecuación tarifaria “vamos a exigir a las distribuidoras un plan de inversiones que garantice un servicio de calidad”.
Por otra parte, los representantes de las Defensorías del Pueblo, tanto a nivel nacional, como la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires, pusieron foco en la situación particular de Edesur, cuyo accionista ya difundió que tiene en venta las acciones de la compañía distribuidora de electricidad.
Entre los representantes de los consumidores, la presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), María José Lubertino, e integrante de la Comisión de Usuarios del ENRE, remarcó la oposición al “nuevo aumento de tarifas” y dijo que “en caso de suceder, no debe representar en las facturas un aumento mayor a la inflación, ni mayor a la actualización de los salarios”.
“Estamos ante una caída sostenida del salario real que genera más pobreza”, señaló la dirigente para agregar que “el 13,3% de la población no ha podido pagar el alquiler o la hipoteca y el 26,4% se atrasó en el pago de los Servicios Públicos y el 27,4% no pudo pagar las tasas municipales”.
En este contexto, concluyó “la prioridad es garantizar el acceso universal a servicios energéticos con tarifas justas y razonables”.
