Más de 500 empresas tendrán que justificar qué hicieron con la mercadería por la que invocaron urgencia para importar con aval judicial. El marco legal incluye como sanción la eliminación del registro de agentes del comercio exterior.

Llegó el contraataque. La Aduana enviará intimaciones a unas 500 empresas que importaron mercadería al dólar oficial a través de amparos judiciales. La acción del organismo se da luego de realizar una fiscalización sistémica con el objetivo de detectar inconsistencias. Como informó Ámbito, en el último año y medio el Poder Judicial otorgó unos u$s1.800 millones a través de más de 10.500 cautelares, que hasta llegaron a “alquilarse”. Ahora a los importadores se les requerirá documentación relativa a la operación comercial, las transferencias de titularidad realizadas, el detalle de giros de divisas y el destino dado a la mercadería, entre otras cosas.

El objetivo central es detectar casos en donde las firmas actuaron con fines ilegales y de especulación financiera. Algunas de las maniobras más conocidas en este aspecto son la sobrefacturación y la triangulación de mercadería para aprovechar la brecha cambiaria. Pero, como reveló este medio, también hay otras más sofisticadas como el “alquiler de cautelares”. Se trata de empresas que obtienen una medida en un juzgado para poder importar bienes con licencias no automáticas y se la ceden a otra firma -con la que no tienen relación- para liberar mercadería y obtener dólares del Banco Central.

En virtud de estos casos, el área de valoración y control documental de la aduana realizó una fiscalización sistémica con el objetivo de detectar desvíos o inconsistencias entre las declaraciones de importación y el destino de los productos. Como resultado, se enviarán a partir de hoy 500 intimaciones que se recibirán en las oficinas de los importadores. Las empresas deberán presentar documentación relativa a la operación comercial, transferencias de titularidad realizadas, detalle de giros de divisas, destino dado a la mercadería. También tendrán que explicar si el producto se encuentra en stock o si fue vendido; en este último caso, informar el valor de venta en mercado interno y el nivel comercial de los intervinientes.
La notificación da un plazo de diez días para responder con toda la información solicitada. A quienes la recibirán se les comunica que, en caso de incumplimiento, su inconducta “será considerada incursa en la figura prevista y penada por el artículo 994 incs. a) y b) del Código Aduanero, sin perjuicio asimismo de la aplicación de las sanciones contempladas en el artículo 100l”. La norma en cuestión, prevé apercibimientos, suspensión de hasta dos años y eliminación por completo del registro de importadores y exportadores.

Según pudo confirmar Ámbito de fuentes oficiales, la Dirección General de Aduanas, que encabeza Guillermo Michel, impondrá medidas de control específicas en las empresas que se detecten inconsistencias o incongruencias en la información proporcionada. Para corroborarlo se realizará un cruce de información con las bases informáticas de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Dirección General Impositiva y el BCRA.

Como reveló este medio hace exactamente una semana, el festival de cautelares para importadores sigue su curso al ritmo de la brecha cambiaria. A lo largo de 2021 y hasta mayo de 2022 se aprobaron más de 10.500 medidas en favor de los solicitantes. La administración del comercio que ejerció la Justicia en ese lapso trajo como consecuencia la salida de unos u$s1.800 millones de las reservas.

Las empresas beneficiadas son en su mayoría netamente importadoras. Los sectores que encabezan la lista de aprobaciones son: indumentaria, con un 35% de las cautelares relevadas en 2022; juguetes, con un 15%; y neumáticos, con un 10%. Luego aparecen, con menor relevancia, categorías como electrónica, artículos de bazar, grifería y muebles.

En la inmensa mayoría de los casos se trata de firmas meramente importadoras que no producen en el país y se dedican a comercializar bienes finales que cuentan con licencias no automáticas, es decir, que deberían atravesar el monitoreo que realiza Desarrollo Productivo. Para eludir esos controles, recurren al mecanismo que Ámbito bautizó como el “rulo judicial”: los importadores van a la Justicia y recurren a múltiples sorteos hasta que la demanda llega a tribunales “amigos”.

Las divisas escasean y Sergio Massa, que se hará cargo de la botonera económica, lo sabe. Sus colaboradores más estrechos hablan de poner en marcha la “fábrica de dólares”. Pero también es de esperar que haya un monitoreo más estricto de las importaciones para priorizar los recursos hacia los sectores productivos.

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