La reforma de la composición del Consejo de la Magistratura y el aval al Consenso Fiscal 2022 firmado entre el Poder Ejecutivo y la mayoría de los gobernadores aparecen en los primeros lugares de la agenda de trabajo con la que el Congreso nacional encarará la agenda de trabajo de las sesiones extraordinarias convocadas para febrero.
Más allá de ser los dos primeros de los 18 temas enumerados por el decreto presidencial, en la práctica también serán los dos que encabezarán cronológicamente el trabajo legislativo, con un tratamiento que, en ambos casos, se iniciará por el Senado, Cámara en la cual fueron presentadas las iniciativas.
En cuanto al convenio con el FMI sobre la deuda externa anunciado el viernes pasado por el presidente Alberto Fernández, fuentes del oficialismo señalaron que recién ingresaría en el debate de las cámaras después de la Asamblea Legislativa del 1º de marzo.
Por lo pronto, para comenzar el debate de la reforma al Consejo de la Magistratura, de la ratificación del Consenso Fiscal y del resto de los temas, ambas cámaras deberán abocarse en los próximos días a rearmar las comisiones de trabajo cuyas integraciones caducaron con el recambio legislativo del pasado 10 de diciembre.
Sólo las comisiones de Presupuesto del Senado y e Diputados se encuentran integradas, ya que en los últimos días del año pasado debieron analizar los proyectos de Presupuesto 2022 –rechazado- y de modificación al Impuesto a los Bienes Personales.
En cuanto al proyecto de Consejo de la Magistratura, el oficialismo se encuentra encolumnado detrás del texto enviado por el Poder Ejecutivo, mientras que Juntos por el Cambio busca abroquelarse detrás de una posición consensuada entre sus diferentes expresiones internas.
Es que al día de hoy existen numerosos proyectos de la principal bancada opositora, algunos de ellos con propuestas bastante antagónicas: el presidente del bloque radical Mario Negri; Encuentro Federal, el bloque de Margarita Stolbizer y Emilio Monzo; el exjuez formoseño Fernando Carvajal y el macrista Pablo Tonelli, son algunos de los autores de las iniciativas.
Oficialismo y oposición difieren, básicamente, en que estos últimos proponen que un integrante de la Corte Suprema vuelva a integrar el Consejo –algunos llegan a proponer que también debe presidirlo- mientras que desde el FdT rechazan la vuelta de un ministro del Máximo Tribunal a su composición.
En el tema del Consenso Fiscal, los números parecen estar más fáciles para el oficialismo, a partir del respaldo al acuerdo de los gobiernos opositores de Jujuy, Corrientes, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Misiones y Rio Negro, y el consecuente respaldo que los legisladores de esas fuerzas darían a la iniciativa.
Además de estos dos temas, podrán ser debatidos en febrero el Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, la Ley de Promoción de la Electromovilidad; el texto sobre promoción de Inversiones en la Industria Automotriz–Autopartista y su Cadena de Valor; el de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores y la iniciativa por la cual se prorrogan los plazos establecidos en la Ley 27.613, sobre el Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda.
En materia educativa, la convocatoria firmada por el presidente prevé la creación de las universidades nacionales del Delta y del Pilar.
En la temática de salud, se prevé el tratamiento de los proyectos de Ley de Promoción de la Formación y del Desarrollo de la Enfermería; el de Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana; el que busca dar respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y Tuberculosis (TBC).
También se contempla analizar la iniciativa que busca establecer el marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados para uso industrial y/o medicinal, incluyendo la investigación científica, con vistas a satisfacer el mercado local y generar exportaciones.
En lo referido a Ambiente, las comisiones correspondientes abordarían los proyectos de ley por el cual se crea el Área Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul”; el que cataloga como tal al Parque y Reserva Nacional Ansenuza y Bañados del Río Dulce, en Córdoba, y el que crea el Parque y Reserva Nacional Islote Lobos, en Río Negro.
Además, a título genérico se incluyeron el tratamiento de Acuerdos -por parte del Senado- y las declaraciones de transferencias de Inmuebles.
Además, a los tiempos formales que demandará el reparto de representaciones de cada bloque y de autoridades de las comisiones, se suma otro factor que podría postergar el arranque de la actividad plena del Congreso: los casos de Covid.
Al igual que el resto de las actividades profesionales, el ámbito parlamentario no está exento del cuadro general: casos de Covid –con síntomas mucho más leves que hace un año-; casos de personas con síntomas y en procesos de hisopados o espera de resultados y contactos estrechos con contagiados forman parte de lo cotidiano.
Con este escenario, fuentes cercanas a las principales bancadas de ambas Cámaras anticiparon que “ningún bloque arriesgará nada ante un posible escenario que se pueda modificar por uno o más casos Covid que obliguen a ausencias de legisladores”.
Como antecedente inmediato pesa la oportunidad que perdió Juntos por el Cambio en Diputados de poder imponer su texto sobre la modificación a Bienes Personales: con una diputada del PRO ausente por Covid perdió 127 a 126 la votación que finalmente permitió que el proyecto sancionado fuera el del Frente de Todos.
Sin embargo, desde las principales bancadas del Congreso descartan por el momento la posibilidad de retomar el trabajo remoto, aún para aquellos casos de legisladores con resultados de Covid positivo.
