Tal como lo adelantó este medio, la Procuración General de la Provincia, encabezada por Abel Cornejo, terminó ayer de avasallar los derechos de raigambre constitucional de Gustavo y Marisa Peñalva, de protestar y exigir justicia por la muerte de su hija y sobrina.

Bajo instrucciones de su jefe, el fiscal penal 1, Juan Marcos Ezequiel Molinati, formalizó el lunes la imputación provisional contra Gustavo Peñalva y su hermana, ambos acusados por los delitos de amenazas, desobediencia judicial y atentado a la autoridad, en concurso real.

Durante la audiencia de imputación, Gustavo Peñalva, asistido por su defensa particular, se abstuvo de declarar. Su hermana, en tanto, se encuentra fuera del país. La acusación penal, cabe señalar, recayó días después de que el mismo fiscal pidiera una medida cautelar para restringir el derecho de protesta de los, ahora acusados, en la Ciudad Judicial.

Según el decreto de imputación, los acusados desplegaron una conducta intimidante contra magistrados, al realizar manifestaciones públicas y posteos en redes sociales de manera reiterada, consistentes en el anuncio de un mal grave y futuro en perjuicio de funcionarios judiciales, con la finalidad de provocarles temor, por lo que atentaron contra su libertad e incumplieron con una resolución judicial dictada oportunamente por la jueza de Garantías 1, Ada Zunino, quien hizo lugar a la medida cautelar de restricción contra ambos.

Molinati arribó a esta conclusión a partir del análisis de las redes sociales de los acusados. Mencionó que una publicación, perteneciente a la cuenta en Facebook de Marisa Peñalva, reza “Pronto se vienen dos (seguida de la imagen de dos bombas) contra la corrupción judicial de Salta”.

Sostuvo que esta publicación, vinculada a las autoridades judiciales referenciadas en las distintas manifestaciones, anuncia un mal futuro que es posible, impuesto y determinado, con la finalidad de causar inquietud o miedo en los magistrados. Agregó que, por el lugar de trabajo compartido y modalidad del evento amenazante, se extiende a todas las demás personas que asisten a la Ciudad Judicial, tanto funcionarios y empleados como particulares.

Resaltó que debe tenerse presente que las manifestaciones y escraches fueron realizados tanto en la puerta como ocasionalmente en predios de la Ciudad Judicial, lo que tornaría la amenaza más peligrosa aún, en caso de concretarse.

Respecto de la seriedad de la amenaza vertida, puede observarse en las redes sociales que la acusada aparece en varias publicaciones con armas de fuego. También surgieron frases como “Ya no hay que errar, solo en la frente”, comentario de Gustavo Peñalva.