Al defender el proyecto del Poder Ejecutivo, que cuenta con sanción del Senado, el diputado del Frente de Todos, Marcelo Casaretto, presidente de la comisión de Previsión y Seguridad Social, afirmó que “el objetivo del Gobierno es que el país crezca y que los beneficios de ese crecimiento llegue a los trabajadores y a los jubilados“.
Como miembro informante del oficialismo, el entrerriano recordó que la iniciativa se debatió en una comisión bicameral mixta que él le tocó presidir y que arribó a un dictamen luego de 17 reuniones con especialistas, sumado a los tres encuentros del plenario de comisiones.
“Es proyecto que más discusión tuvo en la Argentina en este año parlamentario desde el punto de vista de la cantidad de reuniones”, resaltó. Luego detalló que el esquema de movilidad jubilatoria tiene una “incidencia directa” sobre 7 millones de jubilados y pensionados, y 17 millones de personas si se considera también a los beneficiarios de políticas sociales de ANSES.
A su turno, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, ponderó el índice impulsado por el oficialismo, al sostener que “las paritarias se van a cerrar por arriba de la inflación porque la economía va a crecer”. “Dennos tiempo”, para que las políticas del gobierno nacional den resultados “pese a las dificultades”, pidió.
Por el dictamen de minoría, desde la oposición, el diputado de Juntos por el Cambio, Alejandro Cacace, cuestionó la decisión del presidente Alberto Fernández, de suspender la movilidad aplicada durante el gobierno de Cambiemos y sostuvo que “el concepto de este proyecto es el ajuste: eso es lo que han venido a hacer”.
El legislador puntano criticó el hecho de que el proyecto oficialista proponga incluir la recaudación como variable, y al respecto indicó que “prácticamente en ninguna parte del mundo se utiliza para ajustar los haberes de los jubilados”.
“Proponen una recaudación que ha estado a la baja este año, pero que además si los salarios crecen más que la recaudación la ponen como límite, pero si la recaudación cae ahí los hacen a los jubilados socios en las pérdidas de la AFIP como lo han hecho durante este 2020”, alertó.
También, la diputada nacional Paula Oliveto Lago, de la Coalición Cívica, se preguntó: “Con qué cara estamos defendiendo esto” y disparó: “en mi barrio esto se llama ajuste”, a la vez que afirmó que “a los jubilados hace años que los viene jorobando la clase política”. “Deberíamos estar tristes, no festejando, porque estamos incumpliendo lo que les prometimos a nuestros abuelos”, completó.
Asimismo, el diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño, autor de otro de los dictámenes de minoría, consideró: “Estamos asistiendo a un ajuste: acá no hay grieta”. “Todos los gobiernos les meten la mano a los adultos mayores como lo hemos visto durante décadas”, dijo.
A su turno, el diputado de Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, anticipó su respaldo a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que debate la cámara baja, al sostener que ese esquema impulsado por el oficialismo les da “previsibilidad a los jubilados para el futuro”.
“Vamos a acompañar este proyecto y creemos que, aún no siendo la mejor fórmula, es una fórmula que mira en positivo, que mira una economía que se puede recuperar en nuestro país”, aseveró Ramón, al fundamentar su respaldo al proyecto del Ejecutivo.
Para el legislador mendocino, “hay que proteger los verdaderos intereses económicos que son los del pueblo y no de los grandes empresarios que no paran de hacer negocio tras negocio”.
Por su parte, el diputado de Consenso Federal, Jorge Sarghini, cuestionó la fórmula de movilidad jubilatoria que debate la cámara baja y consideró que el sistema es “insostenible porque hay un gran porcentaje de trabajadores en negro”.
Sarghini dijo que para 2023 “los argentinos después de 3 períodos de Gobierno vamos a ser un 15% más pobres, entre ellos los jubilados que cobran la mínima”.
La diputada nacional del Frente de Todos, Fernanda Vallejos destacó el nuevo cálculo de movilidad jubilatoria al considerar que “se trata de la restauración de una fórmula que, durante su vigencia, permitió una recuperación del 26% de los haberes previsionales, contra una pérdida del 20 por ciento”.
De esta forma, la legisladora ponderó la fórmula previsional que funcionó entre 2008 y 2017, en detrimento del coeficiente en 2018 y 2019 por la gestión de Cambiemos. “Venimos a cumplir con un contrato electoral con nuestro pueblo. Un compromiso con un modelo económico que privilegie a las mayorías, que recupere en términos reales los salarios, que vuelva a poner en una relación armónica los suelos, las jubilaciones, las tarifas de los servicios públicos, los precios sensibles de la economía, con el crecimiento de la demanda, la actividad y el empleo”, sostuvo.
Al momento de los cierres, el jefe de la bancada de Juntos por el Cambio, Mario Negri, consideró que “la fórmula que quieren votar ignorando la inflación es tener una miopía sobre el grado de la crisis económica de la Argentina. Pedíamos una base mínima de inflación para no llenarnos de incertidumbre”.
El jefe de bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, finalizó el debate con un encendido discurso que recordó la votación de 2017. “El Jefe de Gabinete del macrismo, Marcos Peña, durante el proceso electoral, le aseguró a todos y a todas que no iba a haber una reforma previsional en la Argentina. Meses después, nos encontrábamos con la instalación de esta fórmula que hoy venimos a cambiar”, dijo.
“Lo que estamos haciendo nosotros es cumplir con lo que dijimos en la campaña electoral, que creíamos que esta fórmula era la mejor para que jubilados y jubiladas paulatinamente pudieran recuperar los ingresos que perdieron con el cambio de fórmula que hizo Mauricio Macri, y no sólo por el cambio de fórmula sino con la política macro”, concluyó.
El proyecto, con media sanción del Senado, combina en un 50% la recaudación de la ANSES y en otro 50% la variación salarial, surgida del porcentaje más alto entre el medido por el INDEC y el índice RIPTE que confecciona el Ministerio de Trabajo.
Se trata de una fórmula similar (con algunos remiendos) respecto a la que rigió en el país entre 2008 y fines de 2017, cuando el Gobierno de Cambiemos logró aprobar un mecanismo diferente que tenía en cuenta el componente de la variación inflacionaria.
Durante la jornada de hoy, Diputados aprobó el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo por el cual se autoriza al presidente Alberto Fernández a ausentarse del país en 2021 cuando razones de gobierno así lo requieran, y un acuerdo con Qatar para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal.
La iniciativa para permitir la salida del Presidente del país fue aprobada por 227 votos a favor, en cumplimiento con lo establecido por el inciso 18 del artículo 99 de la Constitución Nacional. El proyecto se aprobó sin oradores a fin de agilizar el tiempo de la sesión que se extenderá hasta la madrugada debido a la cantidad de oradores anotados para debatir la nueva fórmula de movilidad jubilatoria.
Luego, la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo firmado entre la Argentina y el Estado de Qatar para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su protocolo, suscripto en la ciudad de Washington, Estados Unidos, el 19 de abril de 2018.
El acuerdo fue aprobado por 228 votos a favor, dos en contra -de los diputados de la izquierda Nicolás Del Caño y Juan Carlos Giordano-, y dos abstenciones -de los oficialistas Verónica Caliva y Juan Carlos Alderete-.
LEY DE ABORTO
El aborto legal, seguro y gratuito en Argentina ya es ley. Tras más de dos años de debate parlamentario y casi medio siglo de lucha del feminismo, el Senado dio un paso fundamental para ponerle fin a la clandestinidad y aprobó el proyecto de Intervención Voluntaria del Embarazo con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención del oficialista Guillermo Snopek.
La histórica sesión especial, de poco más de 12 horas de duración, arrancó con una leve ventaja del sector a favor de la legalización y varios senadores indefinidos, que a medida que avanzó la jornada, comenzaron a inclinar la balanza hacia la aprobación.
Si bien el camino del aborto legal en la Cámara alta -tras el revés sufrido en 2018- no fue fácil e incluyó negociaciones hasta último minuto, el impulso dado por el Gobierno de Alberto Fernández con el envío al Congreso de una iniciativa propia fue fundamental para sumar adhesiones.
De hecho, luego de que el jefe de la bancada kirchnerista en el Senado, el formoseño José Mayans, mantuviese su postura por la negativa, al igual que en 2018, la rosca verde quedó en manos de la vicepresidenta del bloque, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien sostuvo al cerrar el debate esta madrugada: “Si hoy saldamos esta deuda de la democracia y es ley, las mujeres vamos a haber conquistado el derecho y el poder de decidir. A quienes no están de acuerdo, nadie los va a obligar. Solo el Estado se va a hacer cargo de brindar salud a las personas gestantes que han decidido interrumpir su embarazo”.
Estas modificaciones posibilitaron el voto positivo de los senadores por Río Negro, Alberto Weretilneck y por Entre Ríos, Edgardo Kueider, que habían pedido ajustes en el texto durante el debate en comisiones. El exgobernador agradeció al Presidente por la disposición para aceptar los planteos formulados para acompañar la iniciativa e insistió igualmente con el pedido de más cambios, como la necesidad de presentar una denuncia penal en caso de violación.
Los celestes, que anunciaron que llevarán la ley ante la justicia por considerarla “inconstitucional”, debieron hacer frente a tres ausencias: la del senador por La Rioja, Carlos Menem, internado con problemas de salud y la del legislador tucumano, José Alperovich, de licencia tras una denuncia por abuso sexual y la del puntano Adolfo Rodríguez Saá. También se ausentó al momento de la votación la rioja Clara Vega, quien había votado por la negativa en 2018, pero había expresado sus dudas durante su discurso. De haber estado presentes, no se hubiese torcido la votación, ni siquiera hubieran logrado forzar el desempate de Cristina Fernández de Kirchner.
Al abrir el debate como miembro informante del dictamen de la mayoría, la senadora del Frente de Todos y titular de la Banca de la Mujer, Norma Durango, con anteojos verdes y el pañuelo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en la muñeca, destacó el nuevo “debate histórico”. “Una vez más tenemos la posibilidad de legislar por y para las mujeres y las personas con capacidad de gestar”, reflexionó.
“Vengo a ocupar esta banca en nombre de las mujeres muertas por abortos clandestinos. El aborto es una realidad y existe desde tiempos inmemoriales. La alternativa es aborto legal o aborto clandestino. Y si el aborto es clandestino van a seguir muriendo mujeres”, sostuvo.
A su turno, el titular de la Comisión de Salud, por donde también pasó el proyecto, el radical Mario Fiad, marcó su postura de rechazo a la legalización del aborto y planteó que “para la Argentina se es niño desde la concepción”.
“Se nos dice que las niñas no deben maternar. Sin dudas que no deben. No deben ser abusadas ni vivir en entornos violentos, pero el proyecto no resuelve esas tragedias, lo único que hace es pasar a la clandestinidad la violación, el abuso, la violencia”, advirtió el radical.
El presidente de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, Oscar Parrilli, sentenció: “No podemos pensar que si nosotros no sacamos la ley no va a haber más abortos, van a seguir existiendo para un sector social con garantías y para otro con un serio riesgo de vida. Lo que estamos haciendo es poniendo igualdad social entre mujeres”.
El senador oficialista, Dalmacio Mera, quien votó en contra del aborto legal cuando la Cámara alta analizó el tema en 2018, consideró que “esta ley no da ninguna otra opción que el basurero para los niños por nacer”.
A su turno, la radical celeste, Silvia Elías de Pérez, quien anunció que plantearán la inconstitucionalidad del proyecto, sentenció que “toda vida vale” y que este proyecto “no pasa ningún test de constitucionalidad ni de convencionalidad”. “Si hoy se han alcanzado algunos votos es porque se ha decidido a la presión antes que a la convicción. Esto no está perdido. Esto recién comienza porque la batalla por la vida no se pierde nunca”, insistió.
En el mismo sentido, el diputado de Juntos por el Cambio, Víctor Zimmermann, criticó el momento del tratamiento de este proyecto “en plena pandemia” y cuestionó que no se sepa con certeza “cuánto le va a costar esta ley al Estado”. Además, pidió no votar leyes que dividan y justificó su voto en contra, al decir que “el valor más preciado que tiene cualquier ser humano, independientemente de su creencia religiosa, es la vida”.
Durante el transcurso del debate, se hicieron presentes en la galería del recinto del Senado, la secretaria Legal y Técnica del Gobierno, Vilma Ibarra; la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta y el ministro de Salud, Ginés González García, entre otros funcionarios y asesores del Gobierno. Luego de aprobar la nueva fórmula jubilatoria en la Cámara de Diputados, también se acercaron Sergio Massa, Máximo Kirchner y otros miembros de la Cámara baja.
Una de las senadoras que cambió su voto respecto a 2018 fue la rionegrina, Silvina García Larraburu, quien argumentó su cambio al afirmar que “estamos atravesando un cambio de paradigma y este cambio lo lideran las luchas feministas”. “Comprendí que nada puede detener el avance de la historia y la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo es la demanda de las nuevas generaciones”, dijo y agregó: “Mi voto es por una mujer libre, mi voto es un voto deconstruido. Es un voto afirmativo”.
La senadora radical, Stella Maris Olalla, uno de los discursos más esperados de la noche ya que se mantenía como indefinida, definió su posición por la positiva y explicó que “mantener la prohibición no eliminará el sistema clandestino, que está sobradamente demostrado que existe. No habrá mejoras en el sistema de salud si seguimos despreciando o no llevando adelante la educación sexual integral. La IVE debe ser incorporada como una nueva causa habilitante”.
En el mismo sentido, la neuquina Lucila Crexell, quien en 2018 se abstuvo en la votación, anunció el cambio de su voto. “No cambié mis creencias personales, ni mi modo de pensar lo que creo del aborto. Cambié mi forma de abordar la situación: no se trata de feminismo o religión, es una causa silenciosa que mata”, describió.
En tanto, el senador salteño, Sergio “El Oso” Leavy, también cambió su voto a positivo -en 2018, había rechazado el proyecto como diputado-, tras reunirse días atrás con el presidente Alberto Fernández. “El aborto existe. Me dí cuenta de que esto no se trata de mí, ni de mis creencias, ni de mi formación. Me hizo cambiar de opinión la ley de los 1.000 días, una ley antiaborto por donde se la mire”, explicó.
“Hoy tenemos que poner blanco sobre negro, si le vamos a dar a esas mujeres -que ya lo han decidido que lo van a hacer-, un sistema de salud o vamos a dejar que lo hagan en un baño, con un amiga o con herramientas que no corresponden”, continuó.
En tanto, la senadora oficialista María de los Ángeles Sacnun negó que el Estado esté “promoviendo el aborto” y aclaró que con este proyecto se “reconoce su existencia”. “Creer que esto se trata de abortistas o antiabortistas es de un reduccionismo inaceptable. Estamos dirimiendo si el Estado va a acompañar a las mujeres que decidan interrumpirlo”, expresó.
La senadora del Frente de Todos por Corrientes Ana Almirón detalló que “cuando la revolución del feminismo dice que la maternidad será deseada o no será no es solamente un slogan, no es una frase vacía. Decir que la maternidad será deseada es la libertad de poder elegir, es tener soberanía sobre nuestros propios cuerpos”.
Por su parte, el senador del Frente de Todos por Tierra del Fuego, Matías Rodríguez, fue muy duro con la posición de los hombres ante el debate. “Bajo ningún punto de vista puedo considerar que los varones votemos en contra del derecho de las mujeres. Son ellas las que sufren, son perseguidas y torturadas como hemos escuchado en las comisiones”, expresó.
Otro de los discursos destacables de la noche fue el de la senadora del PRO, Gladys González, que realizó una fuerte crítica a la Iglesia Católica, a la que pertenece. “Quiero preguntarle a mi iglesia si no será hora de hacer una autocrítica. ¿Por qué castigar con la vara de nuestra religión e imponer las cosas que no pudimos cambiar con nuestra propia fe?”, dijo.
“¿Ustedes realmente creen que es cristiano condenar a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo? Yo no lo creo y no quiero criminalizar a mujeres que siempre están desesperadas, llenas de dudas y de tristeza, cada vez que deciden interrumpir un embarazo. No estoy dispuesta a seguir cerrándole las puertas del sistema de salud a ninguna mujer”, sentenció.
El jefe del bloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, aseguró que “nadie quiere el aborto clandestino, no lo quiere esta ley. La ley busca impedir la desigualdad en la Argentina” y cuestionó a quienes sostuvieron durante el debate que no era el momento de tratar este proyecto en plena pandemia. “Miremos la brecha de la pobreza. Cuando aumenta esa brecha, aumenta la clandestinidad”, destacó.
Por último, el titular del bloque oficialista, José Mayans, insistió con la posibilidad de judicializar la ley por parte de los celestes. “La vida es desde el momento de la concepción y el Estado no puede decir que alguien está autorizado a matar. Esta es una mala ley, con una mala redacción que va a traer cuestionamientos judiciales”.
La votación, que se dio pasadas las 4 de la madrugada, fue el corolario de una intensa jornada en la que militantes verdes y celestes palpitaron el debate en las calles y en la Plaza de los Dos Congresos. Esta vez, a diferencia de 2018, el festejo fue de la marea verde, que estalló en gritos y lágrimas al asistir por las pantallas gigantes a la aprobación definitiva.
El proyecto
La iniciativa legaliza el aborto hasta la semana 14 inclusive y dispone que fuera de ese plazo se podrá acceder, a través de las causales que contempla hoy en día el aborto no punible: si el embarazo fuere resultado de una violación y si estuviere en peligro la vida o la salud de la persona gestante.
Además, da un tiempo máximo de 10 días corridos para que la persona gestante acceda a un aborto seguro tras solicitarlo en los servicios de salud. El proyecto también dispone la atención integral de su salud a lo largo de todo el proceso, así como el acceso a información sobre métodos de anticoncepción.
En su paso por la Cámara de Diputados la iniciativa oficial sufrió una serie de cambios en torno a la objeción de conciencia. Si bien el texto no habilitó la objeción de conciencia institucional, como reclamaba el sector celeste, se permitió que una institución médica pueda excusarse de realizar la práctica en caso de que la totalidad de sus profesionales estén inscriptos como objetores.
En la redacción original se obligaba a que al menos un profesional de la nómina estuviera disponible para realizar las prácticas de aborto en caso de que una paciente lo solicitase. Tras los cambios, la institución podrá negarse pero deberá hacerse cargo de la derivación de las pacientes de forma inmediata y sin dilaciones, a partir de convenios previamente estipulados con otros efectores de salud.
Las obras sociales y prepagas deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo, que quedará incluida en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el Plan Médico Obligatorio (PMO) con cobertura total.
El proyecto contempla también las modificaciones pertinentes al Código Penal. Despenaliza la práctica realizada con consentimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana 14 inclusive y fuera de ese plazo, siempre que se cumplen las causales correspondientes y establece penas de tres meses a un año e “inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena” a la autoridad de un establecimiento de salud, profesional o personal de la salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados.
En tanto, el proyecto también fija una pena de “tres meses a un año” a la persona gestante que, luego de la semana 14 “y siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86, causare su propio aborto o consintiera que otro se lo causare” y aclara que “podrá eximirse la pena cuando las circunstancias hicieren excusable la conducta. La tentativa de la persona gestante no es punible”.
