Uno de los datos centrales de la iniciativa, que contempla en total la suma de $8 billones para gasto público, es la duplicación de gastos de capital respecto al presupuesto de 2019, ya que se elevará del 1,1% al 2,2% para apuntalar la obra pública y el desarrollo productivo.
Además, más del 65% de los recursos irán destinados al rubro social. Serán $5,5 billones para el pago de jubilaciones y asignaciones sociales, programas alimentarios, de economía social, entre otros
Como contrapartida, el pago de los intereses de la deuda se reducirá tras la refinanciación del pasivo emitido bajo legislación extranjera, luego del acuerdo alcanzado por el Gobierno con los bonistas.
Otro aspecto clave es que por primera vez el presupuesto fue diseñado con perspectiva de género, ya que se destinarán hacia esas políticas el 15% de los recursos previstos para el 2021.
Entre los cambios introducidos durante el debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el diputado del Frente de Todos, Carlos Heller, el oficialismo aceptó sumar $7.000 millones a los subsidios al transporte de pasajeros de las provincias, que ahora se elevará a $20.000 millones, frente a los $65.000 millones que recibir el AMBA.
Además, se aumentaron las transferencias a universidades públicas nacionales de los $222.500 millones a los $225.030 millones y se agregaron $4.220 millones, cuya distribución quedará en manos del jefe de Gabinete y se fijaron cupos fiscales de $24.000 millones para beneficios de la ley de Economía del Conocimiento.
También se aceptaron propuestas de diputados del interior, como la creación de un Área Aduanera Especial en Misiones, o la transferencia automática de los recursos del Fondo del Tabaco, como pedían las provincias de Jujuy, Corrientes y Misiones.
Otro reclamo que se incorporó fue el pedido del exgobernador de La Rioja, Sergio Casas, que elevará a $12.400 millones las partidas por compensación de la coparticipación.
Por otra parte, se aceptó incorporar un compromiso de cancelar las deudas con La Pampa y Santa Fe para cumplir los fallos de la Corte Suprema de Justicia.
En otro punto se crea el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de MiPyMES Tecnológicas (PyME-Tech), con la finalidad de apuntalar al sector, que estará administrado por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
