Con el firme objetivo de salvar vidas, la estrategia del gobierno de achatar la curva de contagios aplicando la “vacuna” del aislamiento social obligatorio y preventivo tiene su correlato en una economía que acentúa el ciclo recesivo que arrastraba de la era macrista. Con la cuarentena dictada desde el 20 de marzo, tanto ese mes como abril evidencian los peores registros en indicadores de actividad, consumo y producción, tal como lo muestran los números que sigue de cerca el Ministerio de Desarrollo Productivo.
En 2019, último año de la gestión de Mauricio Macri, el PBI cayó por segundo año consecutivo, situación inédita desde el bienio 2001-2002, por su parte el desempleo cerró en torno al 10% en un mercado de trabajo precarizado y el consumo tuvo la caída más profunda desde 2002. En tanto que el salario real se contrajo en 2019 por segundo año consecutivo, y la pobreza y la desigualdad alcanzaron sus marcas más altas en una década.
En definitiva, el diagnóstico de la herencia recibida es el que el propio Alberto Fernández tenía claro antes de asumir funciones en Balcarce 50 allá por el 10 de diciembre de 2019, una fecha que con casi dos meses de encierro obligado y la distorsión psíquica que ello produce, parece muy lejana. Pero claro, cuando el elenco oficial comenzaba a tocar la botonera del tablero de mandos para “encender” la economía, la llegada del Covid-19 trastocó seriamente los planes.
Al realizar un repaso de los principales indicadores se observa claramente como el aislamiento y el consecuente parate ponen a la economía en una situación sumamente delicada, y explica el pedido de distintos sectores para flexibilizar el aislamiento.
El impacto económico de la cuarentena se siente fuerte y de forma transversal en los distintos sectores productivos y de servicios. Si bien la caída se observó con mayor fuerza en aquellos sectores no esenciales, hubo también marcados retrocesos en ramas que estuvieron habilitadas para producir, tanto por la caída de la demanda local como por la externa, señala el Ministerio de Desarrollo Productivo.
En marzo, la industria cayó un 16,8% interanual, lo que representó la peor marca desde 2002. El informe sostiene que este derrumbe fue consecuencia de los efectos de la pandemia en el país, pese a que la comparación se realiza con un nivel de actividad muy bajo (-14,1% en marzo de 2019).
Tan generalizado fue el impacto que todos los sectores mostraron caídas interanuales. Las bajas menos pronunciadas fueron en alimentos y bebidas (-2%) y sustancias y productos químicos (-4%), actividades exceptuadas por tratarse de productos esenciales. En tanto, las más severas se evidenciaron en los productos minerales no metálicos (-40,7%), en línea con la abrupta caída del sector de la construcción, otros equipos, aparatos e instrumentos (-39,9%, por el desplome de la electrónica de consumo), indumentaria, cuero y calzado (-37,9%) y el complejo automotriz (-34,9%).
Por su parte, la construcción se contrajo en marco un 46,8% interanual, la caída más alta desde por lo menos 1993. Este retroceso arrastró a todos los insumos que registraron variaciones negativas. El informe refleja la encuesta del INDEC, de la que surge que si bien las expectativas empresariales venían en baja, el aislamiento alteró profundamente la tendencia. Cuando comenzó el año el 60% de las empresas vinculadas a la obra privada no preveía que en el próximo trimestre haya cambios en la actividad. Ahora, para el período abril-junio, ningún empresario cree que la actividad aumente y un 93% espera que siga cayendo.
Tal como ocurrió en el mundo, en la rama de servicios, los más afectados en marzo fueron los vinculados al turismo. Tanto los vuelos de cabotaje como los internacionales se redujeron 45,6% y 44,2% respectivamente, a raíz del cierre de frontera por la emergencia sanitaria, de acuerdo a las estadísticas de ANAC. Este desplome de la actividad repercutió en toda la industria aerocomercial y todas las aerolíneas registraron bajas, que en muchos casos las dejan la borde la quiebra.
Abril, con flexibilización, pero números rojos
Si bien en abril se ampliaron las excepciones, tanto a nivel geográfico como por rubro, los datos que se van conociendo del mes pasado también muestran resultados negativos.
Un dato que sigue con atención Alberto Fernández, tal la obsesión que tenía Néstor Kirchner, es el nivel de la recaudación, y en medio del parate económico los ingresos fiscales están severamente afectados, no solo para la Nación, sino también para provincias y municipios.
Al respecto, el informe del Ministerio de Desarrollo Productivo refleja que la recaudación tributaria total de abril creció un 11,6% interanual en términos nominales y alcanzó los $398.659 millones. Claro que ese crecimiento se diluye frente a una inflación del 48,3% interanual en marzo, lo que implicó una caída de 24,8% en términos reales, registro comparable con el promedio observado durante el primer semestre de 2002.
El IVA que es uno de los impuestos con mayor peso sufrió el impacto tanto por las menores ventas en marzo que redujeron la base imponible, como por la profundización de la recesión en abril, que acentuó las restricciones de liquidez. En ese contexto, los ingresos fiscales por el IVA cayeron un 2,3% nominal y un 34,1% real.
Otros datos consolidados de abril muestran como el aislamiento debido al Covid-19, profundiza el golpe para los distintos sectores que venían de dos años calamitosos. Por caso, las ventas de insumos para la construcción se derrumbaron 74,3% en abril en relación con el mismo mes de 2019, de acuerdo con el Índice Construya.
En tanto que las ventas en comercios minoristas cayeron un 57,6% interanual en abril, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Este retroceso fue el más pronunciado desde el inicio de la serie en 2008 y se debió al cierre forzado de comercios ante la imposición de la cuarentena.
Es en este contexto, el gobierno nacional destinará 5,6% del PBI a la asistencia económica por el coronavirus, es decir $1,7 billones, ayuda que podría ampliarse hasta un 7,7%.
Dentro de la asistencia están medidas de contención, tanto a nivel productivo como social, entre las que sobresalen el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que dará una cobertura a más de 8 millones de personas beneficiarias, y la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), que está contribuyendo a pagar una parte del salario de más de 2,2 millones de empleados privados, y también ayudando a monotributistas y autónomos por la vía del crédito a tasa cero.
Ahora, con una mayor apertura en mayo, tanto en comercios como en empresas, habrá que ver si se comienza a morigerar el desplome en el nivel de actividad, claro que también habrá que seguir de cerca la otra curva, la de los contagios de Covid-19. En el gobierno son conscientes de los riegos de flexibilizar, pero también Alberto Fernández tiene la convicción de dar marcha atrás, si la situación se desmadra.
