El protocolo, divulgado por la Conferencia Episcopal italiana, dispone que se deberán adoptar medidas de higiene “para la tutela de la salud pública”.

Luego de las críticas que recibió por parte de la Iglesia Católica italiana por no incluir a las misas en la flexibilización de la cuarentena por el coronavirus, el gobierno del premier Giuseppe Conte aceptó hoy la realización de ceremonias religiosas a partir del 18 de mayo en toda Italia, con medidas de seguridad que incluirán el uso obligatorio de barbijos y la ausencia de coros.

Conte, la ministra del Interior, Luciana Lamorgese y el presidente de los obispos italianos, el cardenal, Gualtiero Bassetti, firmaron hoy en la sede del Gobierno el acuerdo para el retorno de las misas desde el próximo 18.

El protocolo, divulgado por la Conferencia Episcopal italiana, dispone que se deberán adoptar medidas de higiene “para la tutela de la salud pública”.

Entre las medidas acordadas, además del uso obligatorio de barbijos, está el mantenimiento de la distancia de seguridad de al menos un metro lateral y frontal, así como la prohibición de acceso de personas que presenten síntomas de resfrío o una temperatura corporal superior a 37,5ºC.

Además, las iglesias deberán tener en la entrada líquidos desinfectantes para las manos y deberán ser desinfectadas luego de cada celebración, al igual que los objetos sagrados, micrófonos y otros elementos empleados durante la ceremonia.

El protocolo dispone además que la misa podrá celebrarse con un organista, pero no con coro, que seguirá prohibido el denominado “rito de la paz”, que incluye un apretón de manos entre los fieles, y la comunión se repartirá con guantes y barbijo.

Originalmente, Conte había autorizado la celebración de funerales con un máximo de hasta 15 personas, y al aire libre, dentro de las medidas para la primera fase de flexibilización de la cuarentena que inició este lunes y se extiende hasta el 18.

La exclusión de las misas, sin embargo, había provocado un duro cruce con la influyente Iglesia italiana, que había considerado que la prohibición comprometía “el ejercicio de la libertad de culto” en el país.