Mucho se ha discutido sobre si esta administración tenía un plan económico o si primero buscaba conseguir el mayor alivio posible de la deuda pública para luego implementar un esquema acorde al resultado de la reestructuración alcanzado. Todo este debate ha quedado en la nada: la pandemia cambió las condiciones internacionales y las prioridades locales. La principal tarea del Ministro de Economía dejó de ser la deuda pública y pasó a ser administrar una economía de guerra, donde hay que garantizar un mínimo de ingresos (familias) y de producción (empresas).
A esta altura queda claro que el Gobierno va a tener que ampliar el déficit primario (apuntalar el gasto público en los hogares de bajos ingresos y reducir la presión impositiva en los sectores y firmas más afectadas) y qué tendrá que apelar a la emisión para financiarlo. La emergencia social/sanitaria justifica este accionar, pero hay que eliminar otras fuentes de expansión monetaria para minimizar daños.
En primer lugar, el Banco Central tiene que dejar de asistir al Tesoro para cancelar pagos de deuda en Pesos y pasar a financiar sólo el déficit primario. Asimismo, pese a que es deseable que el Central acumule Reservas para preservar un tipo de cambio real competitivo, esta política deberá esperar a que la amenaza global del Covid-19 se diluya, ya que mientras dure la pandemia las reglas tradicionales del comercio internacional no van a estar vigentes por restricciones, cierre de fronteras, etc. Esto nos lleva a la necesidad de frenar la sangría de reservas por el pago de la deuda pública en moneda dura.
Por todo lo mencionado, el sector público necesita posponer los servicios de corto plazo de su deuda lo antes posible. Los vencimientos de títulos públicos bajo ley local (en pesos y dólares) tendrán que ser reperfilados. En cuanto a los bonos ley extranjera la mejor alternativa factible es alcanzar un acuerdo “light” con los bonistas para estirar plazos de títulos por casi u$69.000 millones. Lograr una quita voluntaria significativa no es posible en este contexto; pagar cash los vencimientos de bonos ley extranjera es demasiado peligroso (las reservas netas del Central podrían perforar los u$s5.000 millones); y caer en un nuevo default complicaría la recuperación de la económica argentina post crisis del Coronavirus.
La política monetaria y crediticia jugarán un rol crucial a la hora de sostener el entramado productivo y la cadena de pagos. El Ministerio de Desarrollo Productivo y el BCRA han lanzado diversas iniciativas que, de implementarse velozmente, pueden ayudar a sostener el empleo y las firmas que operan en la economía formal.
La fuerte expansión monetaria implementada para aplacar las consecuencias negativas de la cuarentena contra el coronavirus puede complicar la brecha cambiaria y generar presiones inflacionarias, pero cómo actualmente no hay otra alternativa de financiamiento, es mejor evitar el colapso económico (si la actividad se desploma las cuentas fiscales también cerrarían al rojo vivo) y después lidiar con los efectos adversos de la emisión.
Además, en este contexto particular, la sociedad tendería a preocuparse un poco más en tener pesos para comprar artículos básicos y un poco menos en demandar dólares. De hecho, la capacidad de ahorro de la población se resentirá y aquellos hogares que dependen del trabajo cuentapropista probablemente tengan que vender ahorros dolarizados para financiar la abrupta merma de ingresos durante los meses de parálisis.
Las empresas tienen incentivos a cooperar con el Gobierno en para mostrarse solidarias con los consumidores y evitar sanciones por la implementación de precios máximos y la Ley de Abastecimiento.
Los dilemas no resueltos que amenazan a la economía doméstica
Por último, en la medida que el tipo de cambio oficial esté controlado (algo plausible si las exportaciones agroindustriales se concretan y se frenan los pagos de deuda en divisas), que las negociaciones paritarias se posterguen (no es momento de recomponer ingresos sino de preservar el empleo), y que haya créditos blandos, los costos de las firmas no deberían trepar significativamente.
El dilema aún no resuelto de esta inédita parálisis económica es cómo puede el Estado sostener los ingresos de la población que no trabaja en el sector formal. Hasta ahora, el principal esfuerzo para apuntalar los ingresos de los sectores vulnerables proviene de la seguridad social: exención del pago de cuotas de abril y mayor de los créditos blandos otorgados por ANSES, y, por única vez, duplicar la AUH y llevar la jubilación mínima a $18.992.
Pero, la mayoría de las familias de bajos recursos dependen del trabajo en negro o emprendimientos informales que si se paralizan pueden llevarlas a no tener ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. En estos casos, romperían la cuarentena exponiéndolas al coronavirus. Y si la economía informal no se paraliza, el virus terminará afectando más a los hogares de menores ingresos que viven en grandes aglomerados urbanos, convirtiéndose en un vector socio-económico de propagación del coronavirus. El peor escenario posible que hay que evitar a toda costa es un brote en el densamente poblado Conurbano Bonaerense que colapse rápidamente el sistema de salud pública.
El gobierno relanzó el Plan Pro.Cre.Ar. para crear empleo en los barrios, pero la prioridad de las familias no está en construir o refaccionar una vivienda. En tiempos de crisis se necesita creatividad: en 2002 se creó el Plan Jefas y Jefes, en 2009 la Asignación Universal por Hijo, ahora se necesita un Ingreso/Crédito para trabajadores no registrados.
